En mis zapatos es un juego basado en una investigación periodística que recopiló información sobre drogas, sistema penal y casos concretos en distintos países. La información sobre el encarcelamiento de disidencias sexuales y de género es escasa, pero donde fue posible incorporamos casos de personas trans. Este trabajo forma parte de la plataforma Drogas – Políticas – Violencias (DPV), una plataforma multimedia que plantea una nueva mirada sobre las políticas de drogas y sus consecuencias en América Latina.

Durante meses investigamos cómo se aplican las leyes de drogas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay y confirmamos nuestras sospechas: la justicia en América Latina no es ciega. Aunque en teoría la ley es igual para todos y todas, el trato policial y la aplicación de condenas si eres hombre o mujer, cis o trans, migrante o no migrante cambia. En la práctica, la guerra contra las drogas se traduce en criminalización de poblaciones vulnerabilizadas y persecución a consumidores. 

La población de mujeres presas en América Latina aumentó en la última década a un ritmo mucho mayor que el de los hombres. La principal causa son los delitos relacionados con drogas. En Brasil, seis de cada diez detenidas están por la ley de drogas. En Argentina, Colombia y México  el porcentaje supera el 43 por ciento. En Uruguay –que en 2013 regularizó la producción y venta de marihuana– es menos del 30 por ciento. 

La mayoría de esas mujeres presas forman parte de los eslabones más débiles de la cadena de producción y distribución: cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo o correos humanos (llamadas “mulas”, “burreras” o “vagineras”). En México, por ejemplo, 9 de cada 10 detenidas por drogas no habían sido juzgadas antes por otros delitos. En Colombia, solo una de cada diez utilizó la violencia o pertenecía a alguna banda.

Muchas veces, la decisión de las mujeres de involucrarse en estas actividades es consecuencia de la exclusión social, la pobreza y la violencia de género que sufren. En Colombia, nueve de cada 10 mujeres detenidas tienen hijos. Más de la mitad son madres solteras y principal sustento del hogar. Cuando ellas caen presas, los hijos quedan al cuidado de vecinas, familiares o instituciones estatales. 

La situación de las mujeres migrantes es aún peor. Sin redes de contención ni apoyo, el proceso judicial es aún más difícil. En muchos casos son separadas de sus familias una vez cumplidas las condenas. 

Brasil es la excepción. En caso de que la persona detenida sea extranjera y tenga pequeñas cantidades es muy probable que los jueces consideren que no cumple un rol importante en la organización criminal y le aplique una pena menor.

La población travesti/trans es la más afectada por las políticas de drogas: siete de cada diez detenidas en Argentina están acusadas por delitos de drogas. Más de la mitad son migrantes de otros países latinoamericanos. Ser travesti o trans incrementa 28 veces más el riesgo de ir presa para una persona extranjera en causas por drogas.

También tienen mayores probabilidades de ser víctimas de la violencia y la discrecionalidad policial. En muchos casos son detenidas con pequeñas dosis de cocaína o marihuana y acusadas de estar vendiendo. Eso le pasó a Mariana, detenida con 3,5 gramos de cocaína y condenada a cinco años y tres meses de cárcel. 

A la mayoría de las personas trans no se le reconoce su identidad de género. Muchas mujeres trans y travestis son alojadas en cárceles de hombres, donde corren mayores riesgos de sufrir violencia sexual por parte de la policía, personal del servicio penitenciario u otros detenidos. En general, en las prisiones no tienen acceso a medicamentos hormonales ni a transformaciones corporales supervisadas.

En la mayoría de los países en los que investigamos el autocultivo y la tenencia de cannabis para consumo personal no están penados (🇦🇷-🇧🇷-🇨🇴-🇲🇽-🇺🇾). Pero, salvo en Uruguay, las policías latinoamericanas siguen persiguiendo consumidores. La aplicación de estas leyes depende de la discrecionalidad policial y de los magistrados.

Entre 2016 y 2018 una de cada tres personas detenidas en Argentina por causas vinculadas a drogas, cayeron presas por tenencia para consumo y autocultivo. En estos casos la mayoría de los detenidos son liberados al poco tiempo y las causas archivadas. Hay excepciones como la de Fernando Colombini, condenado a cuatro años por tener ocho plantas en el patio de su casa. Pasó dos años preso hasta que un tribunal anuló la condena y ordenó su libertad.

En Brasil, en los tres años siguientes a la despenalización de la tenencia para consumo el número de presos por tráfico de drogas aumentó un 62 por ciento –tres veces más que el total de detenciones–, lo que demuestra que siguieron deteniendo consumidores y los acusaron de un delito aún más grave. Aunque en Colombia la tenencia de hasta 20 gramos de marihuana es legal, el Código de Convivencia habilita a la Policía a detener consumidores e incautar las drogas: más de 250 mil personas son multadas cada año por tener menos de la dosis legal.

En 2021 el parlamento mexicano votó una ley que legaliza el uso recreativo de marihuana. Antes, estaba permitido el autocultivo en pequeña escala y la tenencia de hasta 5 gramos. Aún así, uno de cada diez detenidos en cárceles federales estaba por “traer consigo” marihuana.

Decidimos presentar el resultado de esta investigación como un juego, pero el drama es real.