En el norte de Guatemala se ubican los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Entre frondosos bosques habitan personas de origen maya q’eqchi y pocomchi’. En su propio idioma su gente se describe así misma como Ral Ch’och, que significa hijo o hija de la tierra. Estas palabras tienen un significado importante en una zona de alta conflictividad agraria.

El problema agrario en Guatemala tiene raíces profundas. Distintos hechos a lo largo de la historia han configurado una estructura social y agraria marcada por la desigualdad y en permanente conflicto. Al despojo de tierras contra la población originaria que supuso la invasión europea, se le sumaron las reformas liberales de los inicios de la república que contravinieron el reconocimiento de títulos de propiedad que algunas comunidades indígenas habían logrado durante la colonia. Este proceso favoreció a los finqueros que se fueron instalando en el territorio, muchos de ellos extranjeros dedicados al café que explotaban laboralmente a los campesinos sin tierra.

En ese contexto, el conflicto armado interno que duró 36 años en el país tuvo el problema de la tierra en el centro, y generó nuevos desplazamientos y pérdidas de tierras que en muchos casos contaban con títulos coloniales. En el presente siglo, nuevos actores han emergido en los territorios en el contexto de las políticas extractivistas y ejercen presión sobre los territorios indígenas. Los gobiernos de turno han sido mayoritariamente aliados del poder económico agrario, en desmedro de miles de comunidades que son obligadas violentamente a dejar sus tierras y sus viviendas porque no cuentan con seguridad jurídica sobre ellas.

Alta y Baja Verapaz son dos de los departamentos en donde se concentran más casos de desalojos violentos debido a la inseguridad jurídica que tienen las comunidades indígenas y campesinas sobre la tierra que habitan. Estas comunidades reivindican su derecho ancestral a vivir en ese lugar y su rol como protectoras del medio ambiente y el territorio, frente a los agronegocios y otras formas de acaparamientos que están vulnerando sus derechos.

Tan solo en los primeros siete meses de 2024 se registran 15 desalojos en los departamentos de Petén, Escuintla, Jalapa, Alta y Baja Verapaz. Cuatro de los casos fueron extrajudiciales  motivados por grupos paramilitares sin notificación previa, 11 fueron por órdenes judiciales. El mayor problema de los desalojos es que las familias pierden todos sus medios de vida y quedan en condiciones infrahumanas, sin techo y sin comida.

En el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 se creó la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), para buscar soluciones pacíficas a la conflictividad de tierras. Esta entidad fue desmantelada en 2020 como parte de las reformas impulsadas por el gobierno de Alejandro Giammattei para concentrar en el ejecutivo la resolución de la conflictividad. La medida dejó a la deriva más de 1,500 casos agrarios, actualmente asignados a la Secretaria Privada de la Presidencia.

Por otro lado, las instituciones de justicia han aumentado la persecución y criminalización de líderes comunitarios que luchan por obtener la seguridad jurídica sobre las tierras que habitan. Un ejemplo de ello es la creación de la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación en 2021, cuyo objetivo es investigar la usurpación de tierras y propiedades, incluyendo los conflictos agrarios entre comunidades indígenas y campesinas, empresas y terratenientes.

Los siguientes datos fueron compartidos por Comunicación Social del Ministerio Público de Guatemala, por mensaje de Whatsapp: desde su creación, la fiscalía registra 1,455 denuncias, en su mayoría por el delito de usurpación y usurpación agravada. Solo entre enero y mayo de 2024 se contabilizaban 331. El Ministerio Público (MP) no aclara quienes presentaron estas denuncias y, aunque afirma haber resuelto el 91% de la totalidad de casos, no indica si fueron desestimados o resueltos por un juez. De las denuncias recibidas hay 128 solicitudes de desalojos pendientes de autorizar por el Organismo Judicial.

La creación de la Fiscalía de Usurpación fue fuertemente criticada por defensores de derechos humanos en Guatemala y organizaciones campesinas, porque lejos de resolver la conflictividad agraria promueve la judicialización de las comunidades indígenas que luchan por el acceso y recuperación de tierras. Un indicador de ello es la alta tasa de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente. La Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA) registra 1002 agresiones entre 2021 y 2023.

Por su parte, empresarios y terratenientes aplaudieron la creación de la Fiscalía de Usurpación. Su interés queda demostrado con la firma de convenio interinstitucional entre el MP y el Observatorio de Derechos de Propiedad, un ente creado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara del Agro. La primera reúne a empresarios de todo el país, la segunda aglutina a terratenientes que se oponen a la recuperación de tierras por parte de las comunidades indígenas que reclaman su derecho ancestral a habitarlas.

La conflictividad agraria ha representado un problema de despojo que puede explicarse retrocediendo en el tiempo.

En febrero de 2024, a los pocos días de haber asumido su mandato, el presidente progresista Bernardo Arévalo firmó un Acuerdo Agrario con cuatro organizaciones campesinas que llevan trabajando cerca de 30 años con comunidades en riesgo de ser desalojadas.

En dicho Acuerdo el presidente se compromete a atender la conflictividad agraria en el territorio nacional, impulsar el acceso a la tierra, renovar la institucionalidad agraria, fortalecer la economía campesina, y establecer un mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno y las organizaciones campesinas.

Consideramos que con la firma de este acuerdo tendremos alguna mejoría, son 100 casos los que están puestos sobre la mesa, explica Carlos Morales de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas  (UVOC), una de las organizaciones que firmó el acuerdo junto con el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Asociación Indígena Campesina Ch´orti´ Nuevo Día y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA). Aquí no se está favoreciendo a pueblos indígenas o campesinos, lo que sucede es que históricamente estos sectores han estado excluidos. Este gobierno tiene más sensibilidad, por supuesto enmarcado en la legalidad, está tratando de atender y de escuchar la demanda de la población y asignar equipos especializados para que puedan abordar los casos según sea su caracterización, explica Leocadio Juracán del CCDA.

Uno de los primeros logros del diálogo entre el gobierno y las organizaciones campesinas es el reciente cambio dentro del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, institución encargada de la regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado, que ha permitido el ingreso de nuevos representantes indígenas y campesinos que buscan renovar dicha entidad.

Para conocer sobre la problemática de la tierra y la conflictividad agraria en Guatemala desde la voz de quienes la padecen se presentan los casos de las comunidades Canasec, Dos Fuentes, Rio Cristalino, Calijá y Lajeb Kej, ubicadas en Alta y Baja Verapaz. Estas comunidades han habitado su territorio ancestralmente pero se encuentran en riesgo de perder sus tierras debido a las amenazas de desalojos y la inseguridad jurídica que tienen sobre ellas.

Son las 10 de la mañana. Entre la llovizna y la neblina se observa un grupo de personas. Están en un pequeño corredor hecho de madera, con piso de tierra y con techo de lámina. Es la casa de Miguel Xol, o como lo llaman en la comunidad, Don Miguel.

– Bienvenidos. Aquí está la comunidad para contar lo que aquí pasa, dice él, un hombre de 50 años.

Don Miguel y las personas que lo acompañan son habitantes de Canasec, una aldea de San Juan Chamelco, municipio ubicado en Alta Verapaz. Para llegar hay que seguir una carretera con fragmentos de cemento y otros de terracería. Desde Cobán hay una hora y media de camino. En la zona no hay sistema de tubería de agua potable, ni señal de internet.

La aldea está asentada sobre montañas frondosas de color verde intenso. La comunidad es abrazada por la neblina y una lluvia ligera de día y de noche. Entre esa majestuosidad viven 150 familias que son constantemente amenazadas por “capataces” que trabajan para quien dice ser el dueño de las tierras -Jorge Arturo Guillermo Nuila- y que les exigen que desalojen el lugar.

Don Miguel explica que ellos, pueblos indígenas y campesinos de Canasec, llevan cientos de años habitando esas tierras. Y que hace unos 20 años, cuando las familias decidieron dejar de trabajar forzadamente en las fincas de café y cardamomo cercanas, empezó el problema por la tenencia de la tierra.

Desde que se dedican a la siembra de subsistencia o a otros trabajos remunerados los quieren desalojar, a pesar que sobre sus manos sostienen una fotocopia de un título de propiedad de 1894 que acredita a la comunidad como la propietaria de la tierra. Lo lamentable de todo es que el documento -que han guardado de generación en generación- no es reconocido como legítimo por las autoridades competentes.

Nuila, terrateniente con fincas en los municipios de Cobán, Panzós y San Pedro Carchá, ha denunciado la supuesta usurpación de su finca en Canasec y hasta ha puesto denuncias penales contra líderes de la comunidad. Sus denuncias llevaron al primer desalojo en manos de las fuerzas de seguridad estatales en 2010.

En 2010 la amenaza del desalojo se hizo realidad, y el resultado fue la destrucción total de sus casas. Las familias escaparon al monte y pasaron 40 días y noches sin un techo, una experiencia traumática que aún los atraviesa.

– Usaron motosierras para cortar los horcones de nuestras casas y luego le prendieron fuego. Y a las casas que eran de concreto las destruyeron también, recuerda Don Miguel, y continúa:

– Ese día me invadió la tristeza al ver que nuestras casas ya no estaban, tuvimos que pernoctar en el bosque. Con sus manos entrelazadas, la vista clavada en el suelo, recuerda aquellos momentos.

Con el correr de los años, ese no sería el único episodio de despojo y violencia que vivirían. Los ataques continuaron y casi le arrebatan la vida a Don Miguel.

Luego de ese largo período en el monte, las familias decidieron volver y reconstruir sus vidas en esa tierra ancestral. Pero el hostigamiento a Canasec no cesó.

El 17 de abril de 2023, Don Miguel recibió una llamada telefónica de un supuesto cliente solicitando leña. Como él se dedica a vender madera, llevó el pedido al lugar acordado, pero era una trampa. Lo estaban esperando capataces de Nuila, quienes le pegaron en la cabeza y huyeron.

Me duele la cabeza, es difícil ver ahora y me cuesta pensar, incluso ahora cuento más lento, explica. En sus manos sostiene fotos que imprimió como prueba de los golpes que recibió. A pesar de eso, ese día lo capturaron y estuvo siete días en prisión por el delito de “usurpación agravada”. Ese mismo año, el grupo de capataces y guardias privados también emboscaron a uno de los hijos de Don Miguel y le cortaron una oreja.

Dos meses después, en junio de 2023, la comunidad sufrió un nuevo intento de desalojo.

Rosario Ba de 34 años, una mujer vecina de Canasec también fue víctima de ataques. A finales del año 2023 los capataces llegaron a donde ella se encontraba cultivando, lanzaron fierros, uno le cayó en el brazo y se fracturó. Rosario tenía seis meses de embarazo. La fractura la llevó a estar hospitalizada durante un mes.

Los capataces transitan esa zona y constantemente son vistos por la comunidad. Seguimos con miedo porque sentimos que nos pueden matar, afirma Rosario.

Los comunitarios sostienen ser los herederos de la tierra. Nuestros padres también nacieron aquí. Venimos de varias generaciones atrás y no podemos abandonar nuestras tierras, reclama Don Miguel, quien señala que sus seis hijos tienen derecho de habitar el lugar que les pertenece.

El antiguo título de propiedad, que la comunidad ha guardado por 130 años, seguirá resguardado por las nuevas generaciones porque es prueba de su verdad. Hace falta dialogar e investigar junto con el Estado para identificar a los verdaderos dueños, explica Leocadio Juracán, del equipo de coordinación del CCDA, organización que acompaña a la comunidad de Canasec.

Los patrones de intimidación incluyen el vuelo de drones sobre las casas y disparos al aire. La última vez que se intentó desalojarlos de forma extrajudicial fue en enero de 2024. Y a pesar de la difícil situación y sin perspectivas de contar con una solución a corto plazo, Rosario y sus seis hijos se niegan a abandonar ese lugar. Yo no pienso abandonar mis tierras hasta el día de mi muerte.

Un pequeño cuarto sostenido por parales de madera y techo de lámina, es el salón comunal donde se reúnen para informarse o para organizarse. Al fondo cuelga una manta vinílica en la que se lee: Bienvenidos a la comunidad Maya Pocomch’i’ de Dos Fuentes, Municipio de Purulhá, Baja Verapaz. Finca Municipal No. 236A/165/2 BV.

Llegar ahí es como introducirse a lo profundo de los cerros. Es el municipio de Purulhá, en Baja Verapaz a 168 kilómetros de la ciudad de Guatemala, a ese trayecto se le suman dos horas de camino para llegar a la comunidad. Más de la mitad de la carretera es de terracería y para entrar a Dos Fuentes hay que caminar 5 minutos más, entre veredas de piedra y tierra húmeda. En ese lugar viven 32 familias.

La zona es lluviosa y  por las tardes sus casas se cubren por la neblina. Más de 60 niños y niñas viven ahí, juegan poco y trabajan mucho. No hay escuela, ni centro de salud, mucho menos juguetes.

Las familias se dedican a la agricultura de subsistencia. No compramos maíz, nosotros sembramos y cosechamos, explica Mario Chun, uno de los habitantes de la comunidad. Ese es su principal alimento junto con el frijol.

La vida en las montañas no es pacífica y menos para esta comunidad. Dos Fuentes ha vivido más de 20 intentos de desalojos extrajudiciales, dirigidos por grupos de personas armadas que intimidan y agreden a los comunitarios para despojarlos de la tierra. Es una nueva modalidad de pequeños grupos paramilitares que realizan desalojos de manera ilegal.

Por otro lado, están los desalojos judiciales que son autorizados por un juez, tras la solicitud de una persona que se autoproclama como la propietaria legítima de un bien inmueble, en este caso la tierra. Esta orden es ejecutada por fuerzas de seguridad estatales y deberían realizarse protegiendo los derechos humanos de las familias que serán desalojadas, sin embargo esto no siempre ocurre.

En diciembre de 2019 la comunidad fue víctima de un desalojo judicial. Desde lo alto de las montañas vieron cómo la policía cortaba por la mitad sus casas de madera y luego las quemaban junto con sus pocos muebles, ropa y comida.

El recuerdo de ese desalojo lo tienen muy presente, incluso los más pequeños. Vinieron a quitarnos la paz. Era de noche. Tuvimos que pernoctar entre el bosque y los matorrales, dice Ingrid, quien tenía 10 años cuando ocurrió el desalojo.
Pasaron noches y días escondidos entre las montañas, sin techo, sin comida, ni ropa limpia. Con incertidumbre. Hasta que decidieron asentarse a 30 minutos del lugar que antes habitaban.

La pesadilla no terminó, se agudizó. En 2020, 2021 y 2022 casi todos los días, todo el año, a las 5 y a las 4 de la mañana nos disparaban contra las casas, dice José Antonio, quien fue herido en uno de esos ataques.

Byron Thomae, de ascendencia alemana, es quien reclama ser dueño de la finca en la que está asentada la comunidad Dos Fuentes. Él ha solicitado el desalojo de la comunidad y ha promovido más de 12 órdenes de captura contra los líderes comunitarios.

Una investigación del Centro de Medios Independientes (CMI Guatemala), un grupo de colectivos y personas que publican información a través de portales digitales para romper el cerco mediático en Guatemala, apunta que la familia Thomae, tiene una larga historia cafetalera en Guatemala que se remonta al siglo XIX. La familia adquirió nueve fincas entre 1892 a 1905 en la región de las Verapaces. En esa época, el trabajo forzoso y la expropiación de tierras indígenas era la norma. Quienes ahora exigen su derecho ancestral a la tierra fueron, en su momento, mozos colonos en esas fincas.

La producción y exportación del café ya no es el negocio de la familia Thomae, ahora  son los proyectos extractivistas. Byron Thomae es el dueño de dos proyectos hidroeléctricos, Jumina y el Cafetal; el primero se observa desde la Comunidad Dos Fuentes. No es secreto que lo que busca es recuperar la finca para expandir su empresa.

Los agentes de seguridad privada de la familia Thomae continúan intimidando a la comunidad para que abandonen la finca, llegando a realizar intentos de desalojos extrajudiciales.

En 2020, Mario Chun salió por la mañana a cortar elotes como cualquier otro día. Al regreso, unos hombres armados de seguridad privada de la finca lo interceptaron, él se asustó y corrió pero ellos le dispararon por la espalda.

Durante un mes estuvo hospitalizado y mientras esperaba su recuperación, dos policías lo custodiaban porque tenía una denuncia por usurpación.

Desde entonces, Mario perdió el movimiento de sus piernas y sufre de fuertes dolores, su columna y riñón resultaron gravemente heridos. Tiene 43 años y 8 hijos. Sin medicinas ni controles médicos, continúa su vida en una silla de ruedas sin poder moverse.

Solo estoy triste, pero por mi condición. (…) yo estoy sufriendo, dice. Desde el atentado la responsabilidad de la alimentación y sostén de la familia está en manos de su esposa y sus hijas más grandes.

Todos estos hechos fueron denunciados ante el Juzgado de Purulhá, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, pero ninguna institución protegió la vida de los habitantes de Dos Fuentes, a pesar de los daños físicos y psicológicos que padecen las familias. Agotados los mecanismos nacionales, ese mismo año, el Comité Campesino del Altiplano-CCDA, en representación de la comunidad de Dos Fuentes, solicitó medidas cautelares a la CIDH. En respuesta, esta instancia internacional solicitó al Estado de Guatemala la adopción de las medidas de protección necesarias para garantizar los derechos de las familias indígenas maya poqomchi de Dos Fuentes.

La resolución hacía hincapié en que el Estado debía atender urgentemente las condiciones de alojamiento, salud, alimentación y acceso a agua potable, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores, así como de aquellas personas en situación de desplazamiento. Sin embargo, luego de cuatro años de dicha resolución, nada de eso ha sucedido.

La CIDH también insta al Estado de Guatemala a permitirle a las niñas y niños acudir a una escuela.. En la comunidad hay 62 niños y adolescentes sin estudiar y su mayor ilusión ahora es tener una escuela y vivir en paz:

Nos avisaron que van a abrir una escuela en nuestra comunidad, quiero estudiar pero por mi edad me va a costar adaptarme, dijo Ingrid de 16 años.

A pesar del temor y la incertidumbre sobre la resolución del conflicto agrario, las niñas y niños de Dos Fuentes mantienen sus sueños y deseos de vivir una vida normal en la que puedan aprender y jugar sin miedo y en libertad.

A 219 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, está Cobán, el municipio de Alta Verapaz que es paso a decenas de destinos turísticos por sus aguas turquesas o sus majestuosas reservas naturales. En lo profundo de esos valles, viven cientos de familias que defienden su derecho ancestral a la tenencia de la tierra.

Nosotros venimos a vivir aquí, en esta tierra, y ese es el delito que tenemos nosotros, así describe doña Hermelinda Peréz lo difícil de insistir en su derecho a la tierra en Río Cristalino.

La comunidad está a 30 minutos de Cobán, ahí habitan 70 familias que se dedican a cuidar el río que les provee de agua para sus actividades diarias. El mayor problema de la comunidad es que muchas y muchos de sus integrantes tienen órdenes de captura por defender su derecho a la tierra. Al menos un miembro de cada familia tiene una orden de captura por usurpación o usurpación agravada, es decir, que se les acusa de haber despojado de tierras o invadido tierras de otra persona. La señora Romelia Patricia Diesseldorff Neal, descendiente de una familia alemana cafetalera es la que reclama esas tierras como suyas.

En esta zona, las temperaturas llegan hasta los 38 o 40 grados en época de verano. El río que pasa por su comunidad les ayuda a aliviar un poco el calor.

Tienen una escuela y un centro de salud dirigido solo por parteras y/o comadronas. Su medicina está basada en el uso tradicional de plantas.
Hermelinda es una de las voces que se alzan en defensa de la tierra y una de las muchas comunitarias con orden de captura.

Tenemos paz, dijeron, ¿y qué tenemos ahora?, capturas. Así no es la paz, dice mientras argumenta que por la orden de captura que tiene, no puede salir de su comunidad.

Hermelinda, como otras mujeres, se dedica a sembrar legumbres y verduras para después venderlas en el mercado más cercano. Su pesadilla es que los desalojen por la fuerza, como ocurrió en 2019, o que la capturen. El mayor problema es que no solo sufren el desalojo y la criminalización, sino que deben asumir gastos para efectuar trámites gubernamentales, mientras que en prisión se enfrentan a un sistema naturalizado de extorsiones, promovido por privados de libertad y hasta por autoridades penitenciarias. Hay testimonio de todo esto.

Al menos cuatro personas ya fueron encarceladas. Una de ellas es Pascual Miranda -nombre ficticio para evitar represalias en su contra. Miranda ha gastado ya 130 mil quetzales (unos $16,770 dólares), el monto incluye la suma de la fianza para salir de prisión y el pago de la extorsión solicitada por “privados de libertad” para evitar que lo golpearan.

Lloro porque gastamos ese dinero injustamente (…), no deseo que mis hijos sufran lo mismo. Fueron 17 días en prisión, solo a nosotros nos alcanza la ley y a ellos no, nos cuenta Pascual.

El temor de regresar a prisión le quita la paz. Además, la cárcel lo dejó con deudas. La criminalización ha provocado la migración interna de más de 15 personas con orden de captura.

Romelia Patricia Diesseldorff Neal es descendiente de la familia alemana Dieseldoff, quienes llegaron a Cobán en 1863. La familia alemana logró influencia y fortuna por la producción y exportación de café. En 1890 las familias alemanas dominaban dos terceras partes de la producción cafetalera en Alta Verapaz.

Por su parte, la comunidad Río Cristalino, junto con el CCDA, han hecho una investigación histórica sobre el Registro de propiedad de las tierras. El resultado fue el hallazgo de un documento antiguo de la adjudicación de la finca a la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán. El documento data de 1878 y forma parte del Archivo General de Centroamérica, firmado por Francisco Vidaurre.

Las tierras ahí son comunales, legalmente se les despojó y se hicieron escritura solapadas y montadas. Se desconoce que despojaron de esas tierras a las comunidades indígenas argumenta Leocadio Juracán, coordinador del CCDA.

Juracán comenta que con la llegada de la reforma liberal en 1871, despojaron de sus tierras a cofradías indígenas para ser adjudicadas a familias alemanas para promover la exportación del café. La investigación sigue en curso, con el objetivo de iniciar una batalla legal para recuperar su territorio. Mientras tanto las familias prefieren no salir de su comunidad para evitar ir a la cárcel.

En Baja Verapaz, la temperatura supera los 40°. Hay comunidades de clima más seco que otras en donde la comida y el agua escasean. Así es Calijá, una comunidad ubicada en el municipio de Purulhá.

Calijá alberga 56 familias, aproximadamente 280 personas. Como todas las demás comunidades cultivan para alimentarse, pero la falta de lluvia y las altas temperaturas provocan que la comida escasee. Solo pueden sembrar maíz, frijol de árbol y plátanos, no hay más opciones.

En medio del intenso calor, las y los vecinos se reúnen en el salón comunal para tomar decisiones o para informar algún asunto de interés. El sonido de un caracol alerta la cita comunitaria.

En ese espacio, las familias recuerdan los 300 años que llevan residiendo en ese lugar, cuando sus padres y abuelos trabajaban como mozos colonos en esas tierras. Ahora ellos buscan recuperarla.

Ahí sentada en una esquina, Sofía de 33 años fue una de las primeras mujeres en hablar. Contó que se siente insegura si deja a sus hijos solos en casa mientras sale a sembrar. “Me da miedo que a nuestros hijos les hagan daño, que quemen nuestras casas o que roben nuestras cosas”, lo dice porque les han llegado amenazas de desalojo por no tener título de propiedad, pues la Cooperativa Monte Blanco se autoreconoce como la propietaria.

El último desalojo judicial que vivió la comunidad fue en 2011. La comunidad completa fue quemada. Las familias huyeron por su seguridad y desde las partes altas observaron cómo los policías cocinaban y se comían a sus animales de corral y quemaban la iglesia católica y la evangélica. Se quedaron sin nada y durmieron en la calle. Este hecho dramático se quedó en su memoria. Aún hay vestigios de lo ocurrido ese día.

Con los años la comunidad se fue desintegrando, muchos migraron a otras aldeas y otros decidieron irse como migrantes irregulares a Estados Unidos. Fue hasta el 2021 cuando decidieron retornar, porque ese lugar es el que reconocen como su hogar.

Nuestros padres y abuelos aquí envejecieron, yo también quiero envejecer acá junto a mis hijos, dice uno de los vecinos de Calijá.
Aunque añoran vivir en este lugar, la mayor dificultad es la falta de comida. El cambio climático ha modificado la temporada de lluvia y sin ella, pierden sus alimentos.

Es común observar ganado y animales de patio casi mostrando los huesos. Las familias hacen lo posible por traer alimentos a casa pero a  la fecha, 19 personas tienen orden de captura,  lo que les impide salir de la comunidad porque podrían ser capturados.

La lucha por la tierra en Calijá tiene décadas. Según la información recogida en la tesis doctoral de  Mario López, Doctor en Sociología e investigador sobre despojos y resistencias en Guatemala:

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, los vecinos de Calijá iniciaron un proceso para lograr el reconocimiento legal de la tierra que habitan. Esta comunidad está registrada como propiedad del anexo de la Cooperativa Agrícola Monte Blanco. En 1997 la finca pasa a ser del señor Byron Obdulio Argueta, quien un año después la hipotecó en favor de la empresa Bayer de Guatemala, S.A.

En un acta de septiembre de 2004 el señor Byron Argueta dona más de 10, 400 metros cuadrados para la constitución de 30 lotes en favor de la comunidad de Calijá. Fue un acto de buena fe que permitió que las familias lograran un pedazo de tierra para construir sus casas.

Todo cambió en 2006, cuando Julio Sanabria, un supuesto finquero, acompañado de finqueros de la zona y un representante de Fedecovera, institución que reúne a cooperativas de Alta Verapaz, denuncian la estafa y reclaman la propiedad. Esto derivó en una serie de  contradenuncias por parte de la comunidad para evitar el desalojo. El señor Sanabria siguió insistiendo hasta que logró desalojarlos. Este panorama de incertidumbre continúa. Las autoridades siguen sin determinar quién es el dueño de la tierra, a pesar de que existe documentación que identifica como dueño al señor Argueta. Las consecuencias de este caso han provocado hasta la fecha la orden de captura de más de 20 personas por permanecer en la tierra que argumentan les pertenece.

Carlos Morales, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), menciona que en este caso han habido irregularidades que han complejizado identificar a los dueños del terreno. Por ahora continúan investigando para recuperar las tierras.

A un costado del Río del Polochic, en Baja Verapaz a solo 15 minutos del municipio de Tucurú, se encuentra la comunidad Lajeb Kej. El calor y el paisaje árido son parte de su contexto natural.

En ese lugar viven 29 familias, unas 186 personas. En su mayoría son mujeres de las que  al menos 100 son niñas, niños y adolescentes. Se dedican a la agricultura y solo algunos adultos salen a trabajar a fincas cercanas.

Aunque el río está a media hora de la comunidad, no pueden usar sus aguas porque está lejos y cuando la hidroeléctrica Santa Teresa abre sus presas, el agua fluye a gran velocidad y resulta peligroso para los pobladores. Sus siembras se riegan únicamente con la lluvia. En épocas secas, sus cosechas tienden a perderse.

En 2021 tras la pandemia por COVID19, la comunidad se reunió y tomó la decisión de habitar el lugar nombrándolo Lajeb Kej, rigiéndose por el calendario maya. Antes vivían dispersos en otras comunidades cercanas.

A partir de su instalación, ha sufrido tres intentos de desalojo extrajudicial por grupos particulares armados. Nos asustamos cuando dispararon. Nos quedamos escondidos mientras se retiraban de la comunidad. Han intentado herirnos tres veces, dice Carmelina Cau, lideresa de la comunidad Lajeb Kej.

Entre 2021 y 2023, un juez de Baja Verapaz ha emitido tres órdenes de desalojo y ocho de sus miembros tienen órdenes de captura por el delito de usurpación.

La comunidad ha investigado de la mano de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas-UVOC quién es dueño de la tierra. La señora Rosa María Ochoa se autoreconoce como la propietaria de la finca y es quien ha denunciado a los comunitarios por el delito de usurpación. Sin embargo en los registros oficiales se identificaron problemas en las escrituras y Ochoa es dueña únicamente de la finca ubicada al lado de la comunidad, pero no de la finca que habitan las familias de Lajeb Kej.

El Registro de Información Catastral (RIC) determinó que la finca reclamada por la comunidad es un terreno baldío, es decir que no tiene dueño. El 20 de junio de 2024 la comunidad logró consensuar con la institución la colocación de unos mojones para separar definitivamente la tierra baldía de la finca de la señora Ochoa. Este es un logro para la comunidad porque es el inicio de un largo camino para la recuperación de la tierra.

Es un paso importante para que la comunidad sea reconocida como la dueña de la tierra que ocupa, señaló Carlos Morales de UVOC, organización que ha acompañado a la comunidad en su búsqueda de recuperación de la tierra desde 2021.

El terreno donde está la comunidad es custodiado por empresas extractivas, como la Hidroeléctrica Santa Teresa que se encuentra a 5 kilómetros, por estar ubicado cerca del río Polochic. Muestra de ello es que en 2023 recibieron la visita de un supuesto representante de una empresa llamada Proamsa que les ofreció dinero a los comunitarios a cambio de la tierra argumentando que allí se quería instalar una hidroeléctrica.

Esto causó confusión en la comunidad porque el supuesto representante no mostró documentos que lo acreditaran como trabajador de la institución que mencionó, ni volvió a regresar, a lo que se suma que Proamsa no tiene relación con ninguna hidroeléctrica.

Lajeb Kej ha encontrado luz en el fondo del túnel y esa es la oportunidad que todas las comunidades esperan tener para avanzar en la recuperación de sus tierras.Tener certeza jurídica sobre sus tierras es un paso importante para poner fin a la persecución, violencia y exclusión que padecen las comunidades. Es alcanzar justicia porque recuperan territorios ancestrales que son parte de su memoria histórica como pueblos indígenas.

Además, así como estas cinco comunidades en Alta y Baja Verapaz, hay cientos de conflictos agrarios intensificados por empresas extractivas, por la expansión del monocultivo de palma, por el engaño de terratenientes o cooperativas que se han apropiado de la tierra que históricamente ha pertenecido a las comunidades.

Por su lado, las familias se organizan a través de juntas directivas para su protección y cuidado. Al mismo tiempo, las comunidades continúan impulsando diálogos con las instituciones del Estado para avanzar en la recuperación de tierras, a pesar que el avance es lento las familias están convencidas en seguir exigiendo su derecho a vivir dignamente.