VIST: En el contexto global de la prohibición en las últimas décadas, ¿cómo Colombia se transformó en el principal productor de coca y cocaína del mundo?

David: Ha sido un proceso gradual. Solemos pensar en el papel de Pablo Escobar y los carteles en los años setenta y ochenta, pero inicialmente Colombia producía cocaína a partir de pasta base importada principalmente de Perú y Bolivia. A medida que empezó a ejercerse un mayor control sobre esa cadena de valor en el sur, Colombia fue ganando protagonismo.

Además, Colombia también ha sido históricamente un país cocalero. Hay pueblos indígenas y campesinos que han conservado esa tradición durante siglos. Al aumentar la presión sobre la producción en Perú y Bolivia, los precios de la coca se incrementaron y comenzó a expandirse su cultivo en Colombia durante los años ochenta y principios de los noventa. La verdadera explosión llegó a mediados de esa década, cuando las medidas adoptadas en Perú hicieron más difícil sostener allí ese sistema productivo.

A medida que crecieron los cultivos, también se intensificaron las políticas de erradicación forzada y las fumigaciones con glifosato. Sin embargo, en lugar de eliminar la coca, estas medidas contribuyeron a dispersarla. Los cultivos se desplazaron desde regiones como Caquetá, Guaviare y Putumayo hacia el Pacífico, el Catatumbo y el Bajo Cauca, configurando una geografía mucho más fragmentada.

Aquí vale la pena destacar que Colombia ha sido históricamente el país más represivo frente al cultivo de coca. A diferencia de Perú y Bolivia, donde las organizaciones campesinas e indígenas lograron limitar las medidas más drásticas, en Colombia se normalizó que la principal presencia del Estado en muchos territorios fuera una avioneta fumigando veneno sobre la gente y sobre la selva.

Por eso resulta paradójico que Colombia terminara convirtiéndose en el principal productor de coca y cocaína del mundo precisamente siendo el país que más ha recurrido a la represión. La experiencia muestra los límites de esa estrategia en un territorio tan complejo como el colombiano. Más que resolver el problema, muchas veces terminó desplazándolo y fortaleciendo a los actores armados más adaptables.

En los últimos años, la implementación incompleta de los acuerdos de paz y de los programas de sustitución de cultivos también contribuyó a debilitar la confianza de muchas comunidades en el Estado. Ese vacío fue aprovechado por disidencias, grupos paramilitares y otras organizaciones armadas que hoy se financian no sólo con la cocaína, sino también con actividades como la minería ilegal y la extorsión.

Todo esto ayuda a explicar por qué Colombia sigue ocupando un lugar central en la economía global de la cocaína. Aunque Perú y Bolivia han registrado aumentos recientes en sus cultivos, ninguno enfrenta dinámicas de conflicto armado comparables a las colombianas.

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V: ¿Por qué las medidas de represión no logran controlar el cultivo de la coca?

D: Yo creo que eso está muy bien documentado y analizado desde las teorías económicas. Lo que uno observa con este tipo de productos, que cuentan con una demanda bastante inflexible al precio, es que cuando se reduce la oferta, quienes siguen presentes en el mercado terminan ganando mucho más. Es decir, aprietas la oferta, pero los actores que permanecen activos reciben grandes retornos por su participación.

Además, el costo de producción de la coca y la cocaína es muy bajo. No tengo las cifras actualizadas de los últimos meses, pero cuando estábamos escribiendo este reporte el año pasado, el costo de un kilo de pasta base estaba entre dos y tres millones de pesos colombianos, bastante menos de mil dólares. Y transformar esa pasta base en cocaína tampoco cuesta demasiado. Un kilo de cocaína puede terminar costando cuatro o cinco millones de pesos. Pero cuando ese kilo llega, por ejemplo, a la frontera brasileña, su valor ya es mucho mayor. Allí puede venderse por decenas de miles de dólares a grandes distribuidores o grupos narcotraficantes, que a su vez lo comercializan a redes más pequeñas en Europa, Estados Unidos u Oceanía, donde ese mismo kilo puede alcanzar valores de cien mil o ciento veinte mil dólares.

Es muy difícil luchar contra unos incentivos económicos de ese tamaño. Además, hoy tenemos una explosión de posibilidades financieras y logísticas: criptomonedas, nuevos mecanismos de transporte y circulación de recursos, una economía global mucho más interconectada. Hay riesgos, por supuesto, pero cuando se gana, se gana en grande. Y esos márgenes hacen que siempre existan recursos suficientes para encontrar a alguien dentro de la cadena de fiscalización a quien corromper.

Llevamos más de cien años atrapados en la misma dinámica, en el mismo juego de gato y ratón, sin resultados concluyentes. La producción de cocaína sigue en máximos históricos, el consumo de cocaína sigue en máximos históricos y nadie ha anunciado el fin de la cultura de la cocaína. Incluso cuando aparecen nuevas sustancias y se diversifican los mercados de drogas, la cocaína sigue ocupando un lugar muy importante.

Mientras sustancias como la ketamina o el tusi han ampliado las opciones de consumo, la cocaína sigue teniendo un papel protagónico en la cultura de la noche y en muchos contextos sociales. Es un estimulante muy efectivo y, a diferencia de otros estimulantes como la metanfetamina, su efecto es de menor duración, permitiendo conservar una funcionalidad que muchas personas prefieren. Cambiar esa cultura de consumo o reemplazar esa función no ha resultado nada fácil.

Entonces, frente a una demanda que sigue creciendo, aunque sea gradualmente, y frente a una oferta que es relativamente barata y fácil de reemplazar, los modelos basados en la represión y la fiscalización tienen límites muy claros. Lo máximo que suelen lograr es producir el famoso efecto globo: la actividad se desplaza, se dispersa y reaparece en otros lugares.

Hay compañeros de la coalición que están estudiando, por ejemplo, el aumento de cultivos de coca en algunos países de Centroamérica. En Honduras y en México ya se observan algunos fenómenos de este tipo. Todavía representan una participación pequeña dentro del mercado global, pero muestran cómo opera esta lógica de desplazamiento.

De hecho, no me sorprendería que en algún momento encontráramos cultivos de coca en Venezuela, porque la realidad es que la coca puede cultivarse en prácticamente cualquier lugar del trópico. Lo único que realmente no le gusta es el frío. Es una planta muy versátil, muy resistente y relativamente agradecida. No requiere demasiados cuidados para sobrevivir. Otra cosa es alcanzar los niveles de productividad que existen hoy en ciertas regiones bajo control de grupos armados en Colombia, donde sí se utilizan más insumos y tecnologías para maximizar la producción.

Por eso, en este tipo de economías, la represión tiende a producir sobre todo desplazamientos geográficos. No elimina la actividad; simplemente la mueve de un lugar a otro. Ese ha sido, una y otra vez, el principal resultado de las estrategias basadas exclusivamente en la coerción.

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V: ¿Cómo la erradicación de cultivos de coca genera deforestación y otros frentes extractivistas como la minería?

D: Esa es una lógica muy interesante y cada vez hay más estudios que permiten entenderla mejor. También las historias de vida que uno encuentra en los territorios ayudan a ver cómo funciona.

En lugares como Guaviare o Caquetá, muchos cultivadores buscan transformar las ganancias de la coca en inversiones de menor riesgo, que suelen estar asociadas a la ganadería. En algunos casos, la coca ha servido para financiar la apertura de la frontera agrícola. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que una parte importante de los cultivos actuales ya se encuentra sobre terrenos previamente deforestados. Es decir, la coca no siempre está causando directamente nueva deforestación, aunque sí ha sido históricamente un mecanismo para transformar y ocupar territorio.

Ahora bien, el impacto ambiental de la cocaína va mucho más allá del cultivo. Como han señalado varios investigadores, funciona como una especie de banca de inversión para financiar otras economías, muchas de ellas con impactos ambientales aún mayores.

Y aquí es importante hacer una distinción. La coca, como planta, es una especie nativa que puede cultivarse en sistemas tradicionales de policultivo junto con otras especies. El problema aparece cuando se cultiva para abastecer el mercado ilícito de cocaína, bajo esquemas intensivos de monocultivo, con uso de fertilizantes y agroquímicos para maximizar la productividad. Ahí sí aparecen problemas de degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y contaminación de fuentes hídricas.

Pero el impacto más grande ocurre después. Los recursos provenientes de la cocaína suelen invertirse en otras actividades extractivas, especialmente la minería de oro. En muchas regiones del Pacífico colombiano existe una relación evidente entre las economías del oro y las economías asociadas a la cocaína. La minería destruye cauces, contamina ríos y genera graves afectaciones ambientales y de salud pública.

Además, estas economías terminan debilitando las formas de organización comunitaria que históricamente han protegido los territorios. Los grupos armados controlan actividades económicas, cobran tributos y dificultan el desarrollo de alternativas productivas sostenibles. Por eso, cuando hablamos de la relación entre cocaína y medio ambiente, no debemos pensar únicamente en la deforestación. También debemos considerar cómo estas economías erosionan la gobernanza comunitaria y debilitan las capacidades locales para proteger el territorio, que es quizás uno de sus efectos más graves y duraderos .

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V: ¿Cómo funciona hoy el modelo de gobernanza rural adoptado por el narcotráfico y de qué manera transforma el uso de la tierra en los territorios donde opera?

D: Es difícil hablar de una sola forma de gobernanza rural adoptada por el narcotráfico. Yo no he hecho un trabajo teórico o sistemático sobre ese tema. Puedo hablar más desde lo anecdótico, desde las experiencias que he tenido en el Cauca, en el Pacífico, en Cali y en las zonas periurbanas de la ciudad.

Lo primero que diría es que no se trata de una relación lineal. Las comunidades tienen recursos, capacidades organizativas y formas de resistencia. En algunos casos logran generar acuerdos de convivencia o poner límites a estos grupos; en otros, los grupos armados adquieren tanta fuerza que terminan destruyendo la base comunitaria, desplazando o asesinando liderazgos locales y debilitando la capacidad de las comunidades para renovarse y sostener sus procesos organizativos.

No tengo una respuesta clara sobre por qué algunas comunidades logran resistir y otras terminan siendo cooptadas o sometidas. No sabría decir cuáles son exactamente las condiciones que explican uno u otro resultado. Lo que sí puedo decir es que he visto ambos casos.

En general, estos grupos buscan cooptar e incidir en la política local para sostener su poder económico y político. Por eso suelen entrar en tensión con los procesos de organización social y comunitaria. Sin embargo, también he visto casos en los que se alcanza una especie de equilibrio temporal, sobre todo cuando existen organizaciones comunitarias fuertes y con una larga trayectoria. En esos contextos las comunidades logran mantener cierta autonomía y preservar formas propias de gobernanza.

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V: ¿Qué reflexión final quisieras plantear sobre estos temas a partir de lo que has encontrado en tu investigación?

David: Creo que el protagonismo, tanto en la formulación de políticas como en la construcción de narrativas y propuestas culturales, debe venir de los territorios. La tarea consiste en entender las dinámicas locales, las necesidades concretas y las soluciones que ya existen. Muchas veces hablamos de estos temas desde el escritorio, pero en los territorios hay liderazgos y experiencias que llevan décadas construyendo alternativas.

Ese ha sido, en buena medida, el trabajo al que me he dedicado durante los últimos años. Creo que quienes trabajamos en investigación, activismo, periodismo o política de drogas necesitamos acercarnos más a las comunidades y escuchar con atención. A veces damos por sentadas ciertas respuestas, como la regulación o la legalización, sin preguntarnos cómo esas propuestas podrían reproducir formas de exclusión si no se construyen desde la raíz comunitaria.

Lo que necesitamos es una relación de confianza construida en el tiempo. Hay comunidades, organizaciones y liderazgos que han logrado sostener propuestas económicas y sociales propias durante décadas, generando beneficios para sus familias y sus territorios.

Quienes estamos interesados en encontrar un poco de luz en un panorama que muchas veces parece sombrío debemos entender que esa luz ya existe. Hay luciérnagas en esos territorios. Se trata de superar prejuicios, acercarnos, construir alianzas y aprender de personas que han logrado sostener sus propuestas durante décadas.

Creo que es desde ahí que debemos pensar las transformaciones que necesitamos hoy. Más que partir de análisis abstractos, necesitamos aprender de quienes han logrado resistir, construir comunidad y proteger sus territorios en medio de contextos extremadamente difíciles. Ahí hay claves importantes para imaginar otras formas de relacionarnos con las plantas, con la economía y con el territorio.

David Restrepo es investigador en políticas públicas en CESED, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, en Colombia. También es cofundador del estudio transmedia ThisTopia, donde produjo el documental galardonado Torah Tropical. Su trabajo conecta la reforma de las políticas de drogas, la soberanía indígena y la justicia ambiental, con un enfoque en marcos legales que reconozcan el valor cultural y ecológico de plantas maestras como la coca. Apoya iniciativas de base para construir una economía de la coca regenerativa y basada en derechos. Uno de los focos de su trabajo es la Coalición Internacional para la Reforma de Política de Drogas y la Justicia Ambiental, desde donde se dinamizan procesos asociativos de comunidades cocacultoras. En alianza con la Universidad ICESI, busca dinamizar este trabajo en la periferia colombiana, desde Cali y su cercanía con territorios del Pacífico, el sur de Colombia, territorios afro, indígenas y campesinos, y fortalecer innovaciones comunitarias en zonas peri-urbanas.