Drogas, política e hipocresía
Los usuarios como peones en el prohibicionismo brasileño.
Por Rebeca Lerer
Fotografías de Víctor Moriyama para Vist Projects
A pesar de los avances internacionales en la legalización, la acumulación de evidencia científica y los cambios en la percepción social sobre la marihuana en la última década, el cultivo y el uso de la planta aún son ilegales y se tratan como delito en Brasil bajo la Ley de Drogas 11.343/2006.
Hace 17 años, esta ley estableció «medidas para prevenir el uso indebido, la atención y la reinserción social de los usuarios y dependientes de drogas», además de establecer «normas para reprimir la producción no autorizada y el tráfico ilícito de drogas» y definir «crímenes».
Desde entonces, la situación simplemente ha empeorado.
En teoría, la legislación aprobada en 2006 eliminó la pena de privación de libertad para los usuarios de la planta con el objetivo de transferirlos del sistema de justicia penal al sistema de salud, cambiando la narrativa de «criminales» a «enfermos». Al mismo tiempo, la ley convirtió al tráfico de drogas en un delito atroz, con penas mínimas de cinco años de prisión, reforzando el estereotipo del traficante como un «enemigo público peligroso a combatir».
En la práctica, la aplicación del «nuevo» dispositivo legal por parte del sistema de justicia penal ha llevado a una intensificación de la criminalización masiva de individuos por tráfico de drogas. Con la capacidad de clasificar a los detenidos como usuarios o traficantes en manos de policías y jueces, «los datos nacionales muestran un aumento constante, desde 2006, en el número absoluto de detenidos por tráfico de drogas», según un artículo del Instituto de Investigación Económica Aplicada – IPEA.
En 2005, había 31.000 personas encarceladas por delitos relacionados con drogas, o el 8.7% del total; hoy son más de 180.000, alrededor del 30% de la población carcelaria del país
En este periodo, la lucha contra el tráfico se convirtió en una de las principales motivaciones de las fuerzas policiales, en detrimento de las inversiones en inteligencia para decomisar armas y municiones. Bajo la responsabilidad en su mayoría de gobiernos estatales de diferentes partidos políticos, entre 2020 y 2022, más del 25% del total de operaciones policiales se destinaron a reprimir la venta minorista de drogas en las favelas y las periferias. Como resultado de este modelo de «seguridad pública», el número de víctimas de la guerra contra las drogas ha aumentado de manera exponencial.
En 2005, había 31.000 personas encarceladas por delitos relacionados con drogas, o el 8.7% del total; hoy son más de 180.000, alrededor del 30% de la población carcelaria del país.
Y eso no es todo: entre 2009 y 2019, 333.330 jóvenes de entre 15 y 29 años en Brasil fueron asesinados, lo que representa más de la mitad del total de víctimas de homicidios en ese período. Estas muertes violentas también tienen un sesgo racial: el 77% de las víctimas son negras. Si un joven negro no es arrestado, tiene muchas posibilidades de ser asesinado.
Los datos muestran que el prohibicionismo brasileño, que históricamente se basa en el racismo estructural y en la criminalización de la pobreza, encontró en la Ley 11.343/2006 el vehículo perfecto para ejercer la gestión penal de la miseria y practicar la violencia del Estado, afectando desproporcionadamente a personas negras que viven en favelas y periferias. «La guerra contra las drogas es la gran excusa que mantiene a la policía actuando de manera descoordinada, con violencia, preocupada por la venta minorista de drogas, mientras que aquellos que se ocupan del comercio mayorista siguen en paz en apartamentos de lujo en los barrios más ricos de Brasil», escribe Pablo Nunes, investigador de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.
Según la Encuesta Nacional de Uso de Drogas publicada por la Fiocruz en 2019, alrededor de 5 millones de personas consumen drogas ilegales en el país, siendo que la marihuana es consumida por el 7.7% de la población, mientras que la cocaína en polvo lo es por el 3.1% y la cocaína en piedra/crack por el 0.9% de los brasileños. El cambio en la ley en 2006, cuya principal premisa era «proteger la salud de los usuarios», no solo no previno el consumo, sino que profundizó el estigma y la violencia contra las personas que consumen drogas.
Asociados al prohibicionismo y a las violaciones crónicas de los derechos, los problemas de salud mental relacionados con las drogas han aumentado: en 2021, el Ministerio de Salud registró más de 400.000 atenciones a personas con diagnósticos de abuso o trastornos. La proliferación de escenas públicas de consumo de crack y otras drogas en la mayoría de las ciudades brasileñas, las llamadas «cracolândias», se han convertido en un escaparate del prohibicionismo, exponiendo la combinación perversa de miseria, falta de vivienda, especulación inmobiliaria, racismo estructural, insuficiente asistencia social y amplio acceso a drogas legales e ilegales baratas y de baja calidad.
Mientras esta desgracia se narra en titulares sensacionalistas sobre masacres y niños asesinados a diario en operaciones policiales, la respuesta de los distintos poderes de la República y los diferentes niveles de gobierno para garantizar el derecho a la vida de la población ha sido, en términos generales, intensificar la represión, agravando el ciclo de violencia y el desperdicio de dinero público.
En cambio, las tímidas medidas políticas para aliviar los efectos trágicos del prohibicionismo siguen arrastrándose. En el poder ejecutivo federal, se han dado algunos pasos en 2016 y 2019 por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para regular la prescripción e importación de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) en diversas formas con fines medicinales. Las resoluciones se produjeron después de una fuerte presión de familias y asociaciones de pacientes, que recurrieron a la justicia para obtener hábeas corpus y autorizaciones para comprar y cultivar marihuana para la producción de medicamentos. Hoy en día, más de 158.000 pacientes tienen autorización para utilizar marihuana con fines medicinales en un universo estimado de 6 millones de personas que podrían beneficiarse, con seis asociaciones registradas y una industria que crece en áreas grises y lagunas legales.
Mientras el debate sigue siendo manipulado por médicos y jueces y pasan por alto las voces y experiencias de los usuarios, Brasil continúa derritiendo el hielo de la guerra contra las drogas con la sangre de personas pobres y negras
A pesar de su expansión, el acceso a la marihuana con fines medicinales pone de manifiesto una vez más las cuestiones de clase y raza arraigadas en el prohibicionismo: mientras que los medicamentos se venden en farmacias y la planta en estado natural se importa con receta por personas en su mayoría blancas y ricas, los jóvenes negros que viven en favelas y periferias siguen siendo el objetivo preferido de la represión militarizada al tráfico.
En el Congreso Nacional, existen más de 20 proyectos de ley sobre la marihuana y su uso medicinal en diferentes etapas de tramitación. La composición actual del Parlamento, fuertemente marcada por el clientelismo político y la influencia de grupos conservadores, religiosos y armamentistas, es desfavorable. La tendencia es que cualquier ley sometida a votación en el pleno sea derrocada o signifique un retroceso aún mayor. También hay una disputa artificial de competencias entre el legislativo y el judicial sobre el asunto. Esto se refleja en el anuncio de Rodrigo Pacheco, presidente del Senado Federal, que propuso una enmienda constitucional para criminalizar con pena de prisión la posesión de drogas en cualquier cantidad. La intención de Pacheco se dio a conocer poco después de que se iniciara el Recurso Extraordinario 635659 en el Tribunal Supremo Federal (STF).
Sometido a la corte superior desde 2015, el proceso, que versa sobre la inconstitucionalidad de la criminalización de la posesión de drogas para uso personal a través de la regulación del artículo 28 de la ley de drogas, tiene un marcador de cinco votos a favor y uno en contra después de la última sesión celebrada en agosto pasado. Sin una fecha precisa para su reanudación después de la petición de un miembro del tribunal, faltan cinco votos. Aunque comenzó con un enfoque amplio que incluía todas las drogas, en concreto, la mayoría del STF parece estar avanzando hacia la fijación de «parámetros» objetivos de cantidades solo para la marihuana para guiar al sistema de justicia penal en la diferenciación entre usuarios y traficantes.
El fallo del STF es importante, pero tendrá un impacto limitado en la lógica del prohibicionismo brasileño. Si bien, por un lado, los criterios cuantitativos pueden ayudar a reducir la encarcelación de usuarios de marihuana, por otro lado, en varios grados, los votos de los magistrados siguen tratando el uso de drogas como un «problema que debe ser combatido». Con esto, ignoran la propia naturaleza de la civilización humana, ya que históricamente las personas siempre han usado (y siguen usando) sustancias psicoactivas para controlar el dolor, gestionar el placer, mejorar el rendimiento y manejar traumas. Los jueces también pasan por alto las experiencias de países que ya han despenalizado/legalizado y los datos de las Naciones Unidas que afirman que alrededor del 90% de las personas que consumen drogas no desarrollan abuso o trastornos asociados.
Mientras el debate sigue siendo manipulado por médicos y jueces que pasan por alto las voces y experiencias de los usuarios, Brasil sigue justificando la guerra contra las drogas, dejando la discusión en un camino sin salida con la sangre de personas pobres y negras.
¿Hasta cuándo?
¿Cuántos más tendrán que ser asesinados o encarcelados?
Drogas, política e hipocrisia
Os usuários como massa de manobra do proibicionismo brasileiro.
Por Rebeca Lerer
Ignorando avanços internacionais na legalização, acúmulo científico e mudanças na percepção social sobre a maconha na última década, o cultivo e uso da planta ainda é ilegal e tratado como crime no Brasil sob a Lei de Drogas 11.343/2006. Há 17 anos, a lei prescreveu «medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas», além de ter estabelecido «normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas» e definido «crimes».
Desde então, a situação simplesmente degringolou.
Em tese, a legislação aprovada em 2006 eliminou a pena de privação de liberdade para usuários com o objetivo de transferi-los do sistema de justiça criminal para o sistema de saúde, mudando a narrativa de «criminosos» para «doentes». Ao mesmo tempo, a lei transformou o tráfico de drogas em crime hediondo, com penas mínimas de cinco anos de prisão, reforçando o estereótipo do traficante como «inimigo público perigoso a ser combatido».
Na prática, a aplicação do “novo” dispositivo legal intensificou a criminalização massiva de indivíduos por tráfico de drogas. Com o poder de enquadrar detidos como usuários ou traficantes nas mãos de policiais e juízes, «os dados nacionais apontam o aumento crescente, desde 2006, do número absoluto dos presos e presas por comércio de drogas», afirma artigo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA.
No período, o combate ao tráfico se tornou uma das principais motivações das ações de policiamento, em detrimento de investimentos em inteligência para apreender armas e munições. Sob responsabilidade majoritariamente de governos estaduais de diferentes partidos do espectro político, entre 2020 e 2022, mais de ¼ do total de operações policiais ocorreram para reprimir o varejo de drogas em favelas e periferias. Como resultado desse modelo de «segurança pública», o número de vítimas da guerra às drogas cresceu exponencialmente.
Em 2005, eram 31 mil pessoas encarceradas por crimes de drogas, ou 8,7% do total; hoje, são mais de 180 mil, cerca de 30% da população prisional do país. Se o jovem pobre e negro não é preso, há grandes chances de ser morto: 333.330 jovens com idades entre 15 a 29 anos foram assassinados entre 2009 e 2019 no Brasil, mais da metade do total de vítimas de homicídios no período. Essas mortes violentas também têm cor: 77% vitimaram pessoas negras.
Os dados mostram que o proibicionismo brasileiro, historicamente ancorado no racismo estrutural e na criminalização da pobreza, encontrou na lei 11.343/2006 o veículo perfeito para exercer a gestão penal da miséria e praticar a violência de Estado, atingindo desproporcionalmente pessoas negras moradoras de favelas e periferias. «A guerra às drogas é o grande pretexto que mantém as polícias atuando de maneira descoordenada, com violência, preocupadas com o varejo do tráfico de drogas, enquanto aqueles que se ocupam do atacado seguem em paz em apartamentos de alto padrão nos bairros mais ricos do Brasil», escreve Pablo Nunes, pesquisador da Rede de Observatórios da Segurança Pública.
De acordo com o Levantamento Nacional de Uso de Drogas, publicado pela Fiocruz em 2019, cerca de 5 milhões de pessoas usam drogas ilícitas no país, sendo a maconha consumida por 7,7% da população, enquanto a cocaína em pó por 3,1% e a cocaína em pedra/crack por 0,9% dos brasileiros. A mudança da lei em 2006, cuja principal premissa era «proteger a saúde de usuários», não apenas não preveniu o uso como aprofundou o estigma e a violência contra pessoas que usam drogas.
Associados ao proibicionismo e às violações crônicas de direitos, os problemas de saúde mental relacionados a drogas têm aumentado: em 2021, o Ministério da Saúde registrou mais de 400 mil atendimentos a pessoas com diagnósticos de abuso ou transtornos. A proliferação de cenas públicas de uso de crack e outras drogas na maioria das cidades brasileiras, as chamadas «cracolândias», se tornaram vitrine do proibicionismo. Essas localidades expõem a combinação perversa entre miséria, falta de moradia, especulação imobiliária, racismo estrutural, assistência social insuficiente e amplo acesso à drogas lícitas e ilícitas baratas e de baixa qualidade.
Enquanto tamanha desgraça é narrada em manchetes sensacionalistas sobre «zumbis» na cracolândia, chacinas sangrentas e crianças mortas tragicamente em operações policiais, a resposta dos vários poderes da República e diferentes níveis de governo para assegurar o direito à vida da população têm sido, genericamente, o acirramento da repressão, agravando o ciclo de violência e desperdício de dinheiro público.
Na contramão, medidas políticas tímidas para amenizar os efeitos trágicos da proibição se arrastam. No executivo federal, alguns passos foram dados em 2016 e 2019 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para regulamentar a prescrição e importação de cannabidiol (CBD) e tetrahydrocannabinol (THC) em várias formas para uso medicinal. As resoluções vieram após forte pressão de famílias e associações de pacientes, que recorreram à justiça para obter habeas corpus e autorizações para comprar e plantar maconha para produção de medicamentos. Hoje são mais de 158 mil pacientes autorizados a usar maconha para fins medicinais em um universo estimado em 6 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas, seis associações registradas e uma indústria que cresce nas zonas cinzentas da legislação.
Embora em expansão, o acesso ao uso medicinal da maconha novamente escancara questões de classe e raça embutidas no proibicionismo: enquanto remédios são vendidos em farmácias e a cannabis in natura é importada com receita por pessoas em sua maioria brancas e ricas, jovens negros moradores de favelas e periferias continuam sendo alvo preferencial do combate militarizado ao tráfico. Um suco de Brasil.
No Congresso Nacional, existem mais de 20 projetos legislativos sobre maconha e uso medicinal em diferentes estágios de tramitação. A atual composição parlamentar, fortemente marcada pelo clientelismo político e influência de bancadas conservadoras, religiosas e armamentistas, é desfavorável. A tendência é que qualquer lei colocada em votação plenária seja derrubada ou signifique ainda mais retrocesso. Há também uma disputa artificial de competências entre o legislativo e o judiciário sobre a matéria. É o que indica o surto de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que anunciou uma proposta de emenda à Constituição para criminalizar com pena de prisão todo e qualquer porte de drogas independente da quantidade. A intenção de Pacheco foi publicizada logo na sequência do andamento do Recurso Extraordinário 635659 no Supremo Tribunal Federal (STF).
Sob análise da corte superior desde 2015, o processo, que versa sobre a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para uso pessoal através da regulamentação do artigo 28 da lei de drogas, está com placar de cinco votos favoráveis e um contrário após a última sessão realizada em agosto passado. Sem data certa para ser retomado após pedido de vistas de um dos membros do colegiado, faltam votos de cinco juízes. Apesar de ter começado com uma abordagem ampla que incluía todas as drogas, concretamente, após oito anos, a maioria do STF caminha para fixar parâmetros «objetivos» de quantidades apenas de maconha para orientar o sistema de justiça criminal na diferenciação entre usuários e traficantes flagrados com a planta.
O julgamento do STF é importante mas terá impacto limitado na lógica proibicionista brasileira. Se, por um lado, os critérios quantitativos podem ajudar a reduzir o encarceramento de usuários de maconha, por outro, em graus variados, os votos dos magistrados continuam tratando o uso de drogas como um «problema a ser combatido». Com isso, ignoram a própria natureza da civilização humana já que historicamente as pessoas sempre usaram (e continuam usando) substâncias psicoativas para fazer o controle da dor, a gestão do prazer, melhorar performances e manejar traumas. Os juízes ignoram também as experiências de países que já descriminalizaram e/ou legalizaram e dados da própria ONU que afirma que cerca de 90% das pessoas que usam drogas não desenvolvem quadros de abuso ou transtornos associados.
Enquanto o debate continua sendo manipulado por médicos e juízes e desconsiderando vozes e experiências dos usuários, o Brasil segue enxugando o gelo da guerra às drogas com o sangue de pessoas pobres e negras.
Até quando?
Quantos mais precisarão ser mortos ou presos?
