

30 años de Gobierno a Gobierno
En 2026, los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia conmemoramos tres décadas de avances importantes con el Estado, reflejados en la creación de normativas esenciales que han fortalecido nuestra autonomía y la defensa de nuestros derechos. Este año se cumplen 30 años de la expedición del Decreto 1396 de 1996, que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CNDDHHPI), así como del Decreto 1397 de 1996, que dio origen a la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Estas tres entidades son fundamentales para el ejercicio del autogobierno, la protección de los derechos humanos y la conservación de los territorios indígenas en el país.
La consolidación de estos espacios de diálogo es el resultado de siglos de lucha de los pueblos indígenas, quienes han enfrentado múltiples intentos de exterminio físico y cultural, invasiones, desplazamientos forzados y formas de explotación ejercidas por terratenientes, el Estado y empresas extranjeras, además de numerosos abusos contra sus derechos. Estas agresiones se intensificaron especialmente antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Ante estos crímenes, los pueblos indígenas iniciaron una serie de acciones para exigir sus derechos, ser escuchados y consultados sobre las decisiones que se tomaban en sus territorios, además de enfrentar el creciente número de muertes en sus comunidades.
Este periodo histórico es fundamental ya que es donde surge lo que se denomina la «diplomacia indígena». Un momento clave en este proceso fue la participación de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Constituyentes como Francisco Rojas Birri (Embera, delegado por la ONIC), Alfonso Peña Chepe (Nasa, delegado por el Movimiento Armado Quintín Lame) y Lorenzo Muelas Hurtado (Misak, fundador del CRIC y AICO) desempeñaron un papel fundamental en la inclusión de artículos que reconocen a los pueblos indígenas como sujetos políticos dentro de una nación pluriétnica y multicultural.
La creación de la CNDDHHPI, la CNTI y la MPC permitió los escenarios de coordinación y concertación más importantes para el diálogo de gobierno a gobierno, en donde la formulación de políticas públicas sobre los pueblos indígenas y sus territorios debe realizarse en conjunto con ellos. De esta forma lo exigen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, ratificada en Colombia por la Ley 21 de 1991. Este marco normativo establece claramente el derecho fundamental al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
A lo largo de más de 100 años, la comunicación indígena en Colombia ha evolucionado paralelamente a las luchas políticas, pasando por cuatro etapas clave para que los pueblos indígenas “estemos domesticando la herramienta», como describe el cineasta Arhuaco Amado Villafaña.
El primer periodo, de 1920 a 1930, representa los “inicios” de la representación fílmica de los indígenas colombianos. En esta etapa, el indígena era retratado como una figura primitiva, ignorante y supersticiosa, siendo mayormente objeto de producciones por encargo publicitario o político, o realizadas por expedicionarios y antropólogos extranjeros.
El segundo momento, de 1950 a 1960, se caracteriza por el «Cine de evangelización». Miembros de las congregaciones claretiana y capuchina promovieron la realización de producciones audiovisuales centradas en la actividad misionera. En estas narrativas, los indígenas eran presentados en una transición de la «oscuridad a la luz», donde se les mostraba como seres atrasados y sin cultura, necesitados de ser «salvados» por el misionero.
El tercero, entre 1968 y 1980, tiene lugar «El redescubrimiento del indígena». La constitución de organizaciones indígenas dio vida al Movimiento Indígena Colombiano, lo que implicó un empoderamiento significativo de los pueblos y comunidades. En este periodo, surgieron los primeros directores indígenas y se diversificó la representación cultural, logrando que el indígena pasara de ser objeto de estereotipos negativos a convertirse en un sujeto social y político que enfrentaba la violencia terrateniente y oficial, luchando por sus derechos.
Finalmente, en la cuarta etapa, de 1990 a 2025, se consolida «La apropiación». Este periodo se caracteriza por la «domesticación de la herramienta» y la apropiación del video por parte de individuos, colectivos y organizaciones indígenas. Temas como la violencia contra los pueblos indígenas, la exaltación del patrimonio cultural y los daños al medio ambiente se convirtieron en protagonistas de estas narrativas.
La comunicación, por lo tanto, ha jugado un papel preponderante en la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Ha facilitado la visibilización de sus realidades, amenazas, fortalezas y propuestas de convivencia armónica en la diferencia, así como su relación con la Madre Tierra. Este proceso de reivindicación, constante a lo largo del tiempo, ha consolidado la comunicación indígena como un derecho. Aproximadamente desde el año 2010, nuestras demandas han adquirido un carácter vinculante entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Indígenas.
La creación de políticas públicas en materia comunicativa ha sido crucial para garantizar los derechos a la comunicación de los pueblos indígenas en Colombia. Estas políticas son fundamentales por varias razones:
→ Reconocimiento y legitimación: Han otorgado un marco legal que reconoce la existencia y la importancia de las formas propias de la comunicación indígena, legitimándolas como expresiones culturales y derechos inherentes.
→ Garantía de derechos: Han establecido mecanismos para asegurar que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la comunicación en igualdad de condiciones, incluyendo el acceso a medios, la formación y la producción de contenidos.
→ Protección contra la discriminación y la invisibilización: Históricamente, los medios de comunicación han invisibilizado o tergiversado la información sobre los pueblos indígenas. Las políticas públicas han sido un camino para contrarrestar esto promoviendo la autorrepresentación y el respeto por la diversidad.
→ Fortalecimiento de la autonomía y la autodeterminación: Han permitido que los pueblos indígenas definan sus propias estrategias de comunicación, reforzando su autonomía y capacidad de autodeterminación.
→ Preservación cultural y lingüística: Las políticas buscan salvaguardar y revitalizar las lenguas y tradiciones orales indígenas, reconociendo la comunicación como un vehículo esencial para la transmisión intergeneracional de conocimientos.
→ Reparación histórica: Se consideran un acto de reparación ante el etnocidio lingüístico y cultural sufrido por los pueblos indígenas.
→ Participación y concertación: El proceso de formulación de estas políticas se ha basado en la participación activa de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas, asegurando que las acciones respondan a sus necesidades.
→ Gestión de recursos y apoyo institucional: Las políticas suelen ir acompañadas de la asignación de recursos financieros y técnicos para apoyar la implementación de programas dirigidos a fortalecer la comunicación indígena.
Las políticas públicas en materia de comunicación para los pueblos indígenas de Colombia se han convertido en una herramienta vital para garantizar que el derecho a la comunicación sea respetado y promovido. Esto ha permitido mantener vivas las culturas, defender los territorios y participar activamente en la sociedad desde nuestras propias voces y perspectivas. Aunque no ha sido y no es la única vía, es una vía.
Nirvana Sinti es comunicadora, realizadora audiovisual y gestora cultural. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios tanto en Colombia como en espacios internacionales. Experta en comunicación cultural, étnica y comunitaria, cuenta con una trayectoria en el desarrollo de estrategias comunicativas de impacto nacional. Ha liderado procesos de equidad narrativa y formulación de políticas públicas para el Movimiento Indígena Colombiano, participando en la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Sistema General de Regalías (IDPCI) y la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia (CONCIP).


