Ernesto, un minero que trabaja para una cooperativa, dice que esta región está poblada de extranjeros chinos indocumentados que extraen kilos de oro sin dejar nada a cambio para las comunidades, más que destrucción. “Pero Bolivia debe tanto dinero a China. ¿Qué se les puede decir?”, murmura. En 2021, el 10,3% de la deuda pública externa (equivalente a 1.313 millones de dólares) correspondía a China.

A pocos kilómetros del centro del polvoriento pueblo de Mayaya hay un paisaje desolador: el bosque ha desaparecido y ha sido reemplazado por cientos de colinas artificiales de piedra que se extienden hasta donde alcanza la vista. Sobre algunas de ellas, se divisan a la distancia, volquetas y tractores arañando la tierra.

En uno de estos campamentos está sentado Luigi, un ingeniero de Santa Cruz que llegó aquí hace un mes para trabajar para una empresa china. Trabaja en medio del lodo naranja, piedras grises, máquinas rugientes y desechos metálicos y plásticos. Con sus jefes habla por señas, pues ellos no entienden español. Cuando se entera que andamos haciendo un reportaje nos pregunta: “¿Saben ustedes si los chinos pagan impuestos?

Las jerarquías del oro y 24 horas de ruido

Partimos de Maya corriente abajo en una canoa a remo y observamos cómo las operaciones mineras se extienden por kilómetros a lo largo del río Kaka. En el trayecto chocamos contra algo que parecía un cable de alguna draga abandonada, esas máquinas fluviales de unos seis metros de alto por 15 de largo y 5 de ancho, corroídas por el óxido, usualmente habitadas y operadas por ciudadanos chinos. Cuando la vimos, a unos dos metros delante de la proa, ya era muy tarde. La canoa giró hacia la derecha y el agua comenzó a entrar. Volcamos.

Mojados y con las caras largas, remamos por unas cuantas horas más, hasta que anocheció. Fue cuando vimos, apostados en la orilla derecha, un campamento de poceros, el eslabón más bajo en la jerarquía minera. Viven en tiendas armadas con troncos atados con gomas de neumático, forradas con nylons azules sobre los que ponen hojas de palmeras resecas por el sol.

Trabajan las dos horas al día que las máquinas se detienen, gracias a un convenio realizado con las comunidades. Cuando los motores se apagan, corren a los pozos que dejan las excavadoras y sacan lo que pueden.

El lugar donde paramos para dormir se llama Catea, una comunidad dentro el municipio de Teoponte, donde la fiebre del oro está en uno de sus puntos más altos. La zona donde nos alojamos está a nombre de una cooperativa, pero en realidad, quien extrae el oro sin tregua y echa un montón de desechos tóxicos al río es una empresa china. Entre ambas llegaron a un acuerdo al margen de la ley, así ambos se benefician: la cooperativa obtiene entre un 25% y 40% de las ganancias sin trabajar ni poner capital, y la compañía china se lleva hasta un 75% del valor del oro sin pagar impuestos al Estado. El que pierde es el país y las comunidades, que reciben migajas mientras son despojadas de sus riquezas naturales, como ha ocurrido desde la Colonia.

Estos arreglos turbios se han convertido en una costumbre entre las cooperativas mineras. “Exactamente, hay evasión de impuestos”, admitió el presidente de una de las dos federaciones de cooperativas auríferas más importantes del país (Fecoman), Ramiro Balmaceda. “Estos son acuerdos internos al margen de la ley”, dijo en un evento público en la ciudad de La Paz. El dirigente justificó los delitos por la falta de capital de inversión de algunas cooperativas. Su asesor económico, Ramiro Paredes, aseguró que el Gobierno está consciente de lo que ocurre.

El dirigente de otra de las federaciones más importantes (Ferreco), Eloy Sirpa, también admitió que la renta que reciben las cooperativas que camuflan a estas empresas tiene que ser superior al 25% para que “haya ganancia”.

Las empresas fantasma se libran de pagar al Estado hasta un 37,5% de impuesto a las utilidades (IUE), un 13% de impuesto al valor agregado (IVA), un 3% de impuesto a las transacciones (IT), y hasta un 7% de regalías para las regiones donde operan. Tras la fachada de una cooperativa las regiones sólo recibe un 2,5% de regalías, y en un futuro se espera que el país reciba sólo un 4,8% de impuestos. Este último tributo, bajo como ninguno, fue concedido por el Gobierno para las cooperativas por ser sus aliados políticos, pero en fondo también beneficiará a las compañías fantasmas.

Estos beneficios se basan en “una política entreguista” de los recursos naturales, dijo el investigador especializado en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. Con estas ventajas “muchos optan por hacerse pasar por cooperativas, otros hacen acuerdos ilegales y la producción sale como si fuera de una cooperativa y no de una empresa”.

Lo único que se nos ocurrió fue hacerles una seña para beber agua y rápidamente levantaron su caldera tibia y nos llenaron una botella metálica. No aceptaron ni siquiera una moneda a cambio y esperaron, nerviosos, a que nos fuéramos en nuestra canoa, apostada a un costado de su draga. 

Personas del lugar nos dijeron que es probable que estos extranjeros sean acarreados desde su país de origen a estos rincones alejados de los grandes centros urbanos para trabajar de sol a sol, sin salir de sus embarcaciones, sin la posibilidad de conversar con nadie, y ajenos a todo lo que pasa a su alrededor, desconociendo incluso el país en el que se encuentran. 

Los indígenas son los nuevos guardaparques

Marcos Uzquiano comenzó su carrera de guardaparque en el Madidi hace 23 años. Ahora, con 46 años y después de haber sido transferido a otra área protegida a pedido de los mineros, sigue denunciando los desastres de esta actividad extractiva que cuenta con la complicidad del Gobierno de Luis Arce. Sin embargo, sabe que la autoridad de un guardaparque es cada vez más débil. Los que quedan ya ni siquiera cuentan con el apoyo de sus propios jefes, quienes en el colmo de la ironía se han aliado con los mineros.

Otro guardaparque del Madidi, que prefiere el anonimato, explicó: “En estos últimos años la minería se nos vino encima. Ya no recibimos apoyo del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), ni del Ministerio de Medio Ambiente. Las acciones que realizamos contra la minería ilegal son un saludo a la bandera y no tienen efecto. El SERNAP es cómplice, los mineros nos dicen que hagamos lo se que tenga que hacer, porque de todos modos todo ya está arreglado allá arriba”.

Desde el SERNAP se aseguró que hasta la fecha no se autorizó ninguna operación minera dentro el Madidi, pero se reconoció que éstas existen, y se realizan al margen de la ley, sin que haya posibilidad de detenerlas. Distintos acuerdos entre el Gobierno y los mineros, a los que se accedió para este reportaje, comprueban la alianza entre ambos actores para ingresar a las áreas protegidas.

Con el Gobierno a su favor, sólo hay un último obstáculo para que los mineros invadan por completo el parque nacional: las comunidades indígenas. Estas últimas se han convertido en los nuevos guardaparques, y son, hasta ahora, las únicas que detienen el avance destructivo.

El guía de 53 años e indígena Tacana, Mario Supa, recuerda que hace pocos años llegaron primero ciudadanos colombianos para hacer minería en la cuenca del río Beni próxima al Parque Madidi. Pero fueron echados por los Lecos, Tacanas y Mosetenes. Después llegaron los chinos, y también se los expulsó. 

“Los guardaparques no hicieron nada. Fuimos nosotros los que cuidamos el parque. Es que la minería te destruye todo esto que ves”, dijo Mario, señalando los árboles, el monte, la hierba que crece por doquier.

Mientras se escriben estas líneas, otras comunidades de indígenas dentro del Madidi se han levantado contra la minería aurífera después de que el Gobierno de Luis Arce les abriera el paso para ingresar al parque con un acuerdo firmado a fines de octubre de este año, con el fin de regularizar sus operaciones dentro el área protegida. 

Algunos grupos de indígenas se han declarado guardianes del Madidi y otras áreas protegidas. Su lucha continúa. 

*Este reportaje fue realizado con el apoyo del Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center. Los nombres de algunos personajes fueron cambiados para proteger su identidad.