La sal, el agua y la represión policial
Las comunidades indígenas de Jujuy, en el norte de Argentina, se encuentran movilizadas contra una reforma constitucional que pone en peligro su subsistencia. Aunque la nueva Carta Magna local es presentada como una herramienta para la “paz social” y el “desarrollo”, en realidad permite la avanzada de la industria extractiva de litio sobre tierras ancestrales; criminalizando, además, la protesta social. Conversamos con la fotógrafa Susi Maresca, que ha documentado la situación de estas comunidades, así como las de Catamarca, Tucumán y Salta. Todas ellas se organizan para hacer frente al impacto social y ambiental de una energía pretendidamente “limpia”.
Por Alonso Almenara
Susi Maresca lleva casi cuatro años recorriendo las provincias del norte argentino en transporte público. Tiene en su mochila una cámara de fotos, algunos alimentos enlatados y lo mínimo indispensable para cumplir su objetivo: documentar el impacto de la megaminería en comunidades indígenas como las de Jujuy, que hoy se encuentran en pie de guerra.
“No esperábamos encontrarnos con las movilizaciones”, recuerda. En ese momento, ella estaba viajando con la periodista Camila Parodi, con quien desarrolla el proyecto La ruta del litio, cartografías de un saqueo, que registra el impacto ambiental y social de la industria extractiva de litio —la energía “limpia” del futuro, de la que están hechas las baterías de los autos eléctricos de Elon Musk— en las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
La fotógrafa explica que lo que reclama el pueblo de Jujuy es la derogación de la reforma constitucional aprobada el pasado 20 de junio, que permite a la provincia tomar posesión de tierras ancestrales que no tengan títulos de propiedad. La nueva Carta Magna local, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, permite además al gobierno regional disponer de las aguas de esas tierras y, por si fuera poco, criminaliza la protesta. “Lo que exigen las comunidades es que se les reconozca la propiedad comunitaria y que no se comprometa su acceso al agua. El problema es que en esas tierras hay litio, y que para extraerlo hace falta mucha agua”.
Las movilizaciones en el norte de Argentina se intensificaron entre mediados y finales del mes pasado y se saldaron con la detención de decenas de miembros de organizaciones sociales en medio de la represión policial. Maresca estuvo presente en las protestas hasta el 28 de junio. “Siguen ahí”, comenta. “Hace poco han anunciado que el 24 de julio van a venir caminando a Buenos Aires. ¿Te imaginas? Son 1800 kilómetros”.
La fotógrafa considera que los impactos negativos de la extracción de litio aún tienen poca repercusión en la esfera mediática argentina. En su opinión, esto se debe parte al modo en que la prensa internacional suele presentar el litio: como una energía segura que alimentará la transición energética del futuro. “Demostrar que esto no es exactamente así tomará mucho trabajo”. Pero ella está decidida. Además de su colaboración con Parodi, tienen otros proyectos relacionados con el litio: La sal de la tierra y Agua para la vida. Esta nota incluye una selección de fotos de esos trabajos.
¿Cómo empezaste a documentar la problemática de la minería de litio?
En Argentina se habla de la megaminería desde hace muchos años, pero no se le presta la misma atención que a otro tipo de extractivismos, como el agronegocio, que está muy presente en los medios de comunicación. Yo en realidad no sabía mucho de esto hasta hace cuatro años, cuando tuve la oportunidad de visitar un museo manejado por las comunidades de Laguna Blanca, en la provincia de Catamarca. Fue a partir de ese momento que empecé a viajar y a investigar sobre lo que estaba sucediendo con la minería.
Mi primer contacto real con el territorio fue a través de asambleas socioambientales, que son grupos de vecinos y vecinas que luchan por el agua. Primero viajé a Ancasti, al sur de Catamarca, y ahí me enteré de que había un proyecto de litio en roca: una modalidad de explotación poco conocida, pero que genera impactos no sólo a nivel del agua, sino también de la montaña. Después seguí viajando por Andalgalá, donde me encontré con una población muy organizada. Ahí empecé a registrar la situación de estas personas, las razones por las que están luchando, qué se pierde en todo esto, qué significa la megaminería en sus vidas.
Y estando allá me enteré de que había otras comunidades que estaban siendo impactadas por minería en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Antofagasta de la Sierra. Así surgió el ensayo La sal de la tierra, sobre la extracción de litio en salmueras. Yo realmente desconocía las consecuencias y lo que significa este tipo de minería. Siempre había leído que esta explotación es sustentable o es menos dañina que explotar montañas. Eso no es cierto. La razón es que, para separar el líquido de la sal, se necesitan millones de litros de agua por minuto. Y estamos hablando de la puna argentina, un lugar con un clima semidesértico donde no llueve casi en todo el año y donde la mayoría de las reservas de agua provienen de pozos subterráneos.
¿Cuál es la situación actual de las comunidades de Catamarca?
Las primeras poblaciones afectadas por la megaminería son las comunidades originarias: es decir, comunidades preexistentes al Estado que llevan miles de años cultivando tradiciones y formas de vida que se ven afectadas por esta actividad económica. Las mineras que se han instalado en el Salar del Hombre Muerto han cortado todas las actividades de estas comunidades relacionadas con la sal. Cuando llegué por primera vez me sorprendió no ver sal. Eso representa un impacto inmediato en el medioambiente porque la sal es un factor clave para mantener el equilibrio de ese ecosistema.
La particularidad que tiene Antofagasta de la Sierra es que todo el camino de llegada, que son más o menos nueve horas de viaje en bus desde la ciudad de Belén, está conformado por dos volcanes. Uno llega y tiene la sensación de que ahí empezó el mundo. Pero toda esa armonía y esa biodiversidad se ve afectada por un consumo exagerado de agua. No solo de agua dulce que viene de pozos subterráneos, sino de agua salada, que mantiene ese equilibrio.
Me gustaría hablar ahora de la relación entre la explotación de litio y lo que está pasando en Jujuy.
Cuando empecé a documentar la minería de litio, en el 2020, recién se estaba empezando a promocionar el litio como parte de la nueva transición energética que quiere dejar atrás el uso de hidrocarburos. Hay varios problemas con esta idea. El uso excesivo de agua es uno de ellos. Pero además, el litio no solo sirve para hacer baterías de auto: sirve para la robótica, la producción de insumos espaciales, la farmacología, sirve para hacer agrotóxicos y maquinaria de guerra. Tiene muchos usos, varios de ellos cuestionables, pero esto se blanquea hablando de baterías de autos y de transición energética.
El hecho es que la industria extractiva de litio ha crecido mucho en los últimos años. Esos primeros proyectos, que eran apenas dos por salar en los años 1990, se empezaron a transformar en ocho o nueve. Y Jujuy es una de las provincias afectadas. A diferencia de Catamarca, tiene una enorme población originaria. En Catamarca, en cambio, las distancias son tan largas y las poblaciones tan pequeñitas que es muy difícil juntarse para coordinar la lucha. A ellos los judicializan enseguida, les arman causas penales, los silencian.
El problema en Jujuy es que esa resistencia se ha vuelto muy difícil desde la modificación de la constitución. El meollo del asunto es que la Constitución Argentina de 1994 le da vía libre a todas las empresas multinacionales para extraer sin límite los recursos del suelo, dejando una regalía de solo del 3%; pero a su vez reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Por otro lado, Argentina adhiere al Convenio 169 de la OIT, que es una ley que está por encima de la ley nacional, y que estipula que ante cualquier avance de una empresa extractiva, los pueblos originarios tienen que ser consultados si es que esto ocurre dentro de sus de sus tierras ancestrales.
En Jujuy lo que ocurre es que la ley provincial se modifica por sobre la ley nacional en una reforma constitucional que se puso en vigencia a partir del 20 de junio. Eso le da al gobernador la potestad absoluta de las aguas de toda la provincia, e implica el desplazamiento de las comunidades de sus lugares de origen a otros lugares.
En suma, lo que están queriendo hacer es avanzar sobre sus tierras ancestrales porque ahí hay litio. Pasó en otras provincias, solo que acá se encontraron con comunidades que están organizadas en torno a la sal. Salinas Grandes, que es el salar que está en Jujuy, todavía tiene sal. Y esas familias, que son 130, están organizadas en cooperativas de trabajo y ellas viven de la sal. No sólo la usan para consumo humano sino que también la exportan a Paraguay y a Brasil, donde es usada para hacer encurtidos y otros productos.
Dentro de esas cooperativas, lo que ellos explican es que procesan la sal, pero esperando el tiempo necesario para que la sal rebrote. Ellos la trabajan como lo han hecho sus abuelos y sus bisabuelos. Esto obviamente no ocurre con las empresas que extraen los recursos irresponsablemente. Lo que me da un poco de esperanza es que, por lo que he visto, esta gente está decidida y la empresa no va a tener fácil meterse con una comunidad organizada y en un salar donde esa gente vive de eso.
De hecho, estas personas tienen detrás de Salinas Grandes un ojo de agua que es uno de sus bienes más preciados. Es casi como un dios. Lo que están haciendo las comunidades es conservar ese ojo de agua dulce porque es lo que hace que la vida exista en ese lugar.
¿Cómo sientes que va a terminar esto?
Esta avanzada es casi como de la época de la colonia. Son empresas que no tienen miramientos. Yo todos los días recibo audios, vídeos, llamadas que dan cuenta de la persecución que están recibiendo las personas a lo largo y ancho de todas las provincias de Catamarca. Estuve allá 25 días en el año 2021 y durante mi estadía hubo 14 personas judicializadas por defender el agua.
Verónica Gostissa, una abogada ambientalista, me decía hace poco que el verdadero triángulo del litio no es el que conforman Bolivia, Chile y Argentina, los países donde hay más litio en el mundo, sino la complicidad de las empresas extractivas multinacionales con el estado y la fuerzas de seguridad. Eso es lo que hace que funcione realmente la extracción de litio de la manera descabellada en la que está funcionando. Si vas al Salar de Olaroz, que queda a 200 km de Salinas Grandes en Jujuy, te das cuenta lo que son capaces de hacer: son kilómetros y kilómetros en los que solo hay piletones de salmueras, nada más. No hay sal, no hay agua, no hay comunidades. Y lo mismo lo quieren hacer en los demás lugares.
Lo que están mostrando, a fin de cuentas, es que para ellos hay poblaciones que valen más que otras. Hay poblaciones sacrificables para que otras poblaciones minoritarias del mundo puedan vivir de manera sustentable o transicionar energéticamente. Yo no estoy muy esperanzada en cuanto al posicionamiento del gobierno actual, no veo que haya una voluntad de poner un límite a la avanzada de las empresas. De hecho, hace dos años recibí unos catálogos que sirven para promocionar el litio argentino en Canadá. Los posibles lugares de extracción se presentan como si se estuviera hablando de caramelos. De lo que sí estoy segura es que al menos la población de Jujuy está decidida a resistir hasta la muerte, sea como sea. Si a ellos les quitan ese modo de vida, si les quitan el agua, pierden absolutamente todo: sus tejidos, sus animales, sus ceremonias, su cosmovisión.
