Marihuana en Brasil: tierras, racismo y violencia
Para comprender los orígenes económicos, sociales y raciales de las actuales políticas de drogas en Brasil, es necesario analizar las condiciones históricas del uso y control de la marihuana en el país. Un examen detenido de la cronología de la prohibición de la planta revela conexiones con políticas y leyes de salud pública, así como con la tenencia y uso de la tierra, que ayudan a explicar el panorama de profunda desigualdad social, racismo estructural y violencia que persiste en Brasil en pleno siglo XXI.
No es casualidad que esta parte de la historia no aparezca en los libros y programas escolares. Los investigadores señalan la falta de registros y documentos, lo que sugiere que la prohibición de la marihuana, adoptada hace casi 100 años, también borró el conocimiento sobre el papel socioeconómico de la planta en la evolución de varias sociedades humanas, incluyendo la brasileña.
¿Cómo se puede imaginar un futuro cercano que incluya el fin de la guerra contra las drogas en Brasil sin conocer este pasado no tan lejano?
En su artículo «Prohibición de la marihuana: racismo y violencia en Brasil», el historiador Henrique Carneiro informa que el cannabis fue traído desde África durante el período colonial y recibió diversos nombres en el país, todos de origen africano: Diamba, Liamba, Pango y Maconha, el término más popular que proviene del idioma quimbundo de Angola.
La criminalización del cannabis comenzó a aparecer en la posindependencia (1822), en paralelo al crecimiento del debate sobre la abolición de la esclavitud y los consiguientes cambios en la propiedad de la tierra en el país.
Además de su cultivo entre las cosechas de café y caña de azúcar, y de su consumo tradicional por parte de africanos esclavizados, quienes transportaban las semillas cocidas en la ropa y muñecas de trapo, la planta también era utilizada por la industria del cordaje. Las velas y cuerdas de las carabelas de las grandes navegaciones promovidas por los invasores europeos se fabricaban con fibra de cáñamo.
La criminalización del cannabis comenzó a aparecer en la posindependencia (1822), en paralelo al crecimiento del debate sobre la abolición de la esclavitud y los consiguientes cambios en la propiedad de la tierra en el país. La primera norma que prohibía el uso de la marihuana por afrobrasileños de la que se tiene conocimiento data de 1830, emitida por la Cámara Municipal de Río de Janeiro, que penalizaba la venta y el uso de la planta, llamada «pito do pango». Los vendedores eran multados y los esclavizados eran encarcelados durante tres días, vinculando la represión al control de la población negra desde los primeros días de la prohibición.
En 1850, D. Pedro II instituyó la Ley de Tierras (Ley 601), priorizando a los latifundistas, convirtiendo la tierra en una mercancía, prohibiendo el acceso a través de la ocupación y cesión pública, y regulando la actividad inmobiliaria. Varios autores señalan la interconexión entre este acontecimiento y la Ley Eusébio Queiroz, que había sido firmada dos semanas antes y se conoció como la primera ley abolicionista al prohibir la entrada de más africanos esclavizados en el país. Sin embargo, casi nadie relaciona ambas medidas con la creciente criminalización de la marihuana en las décadas posteriores.
Ante el aumento del número de esclavizados liberados, en teoría, la ley de tierras garantizaría mano de obra barata y seguridad para los latifundistas agrícolas contra invasiones de negros e indígenas. En la práctica, con el tiempo, los trabajadores libres, impedidos de poseer propiedades, comenzaron a ocupar colinas y llanuras, formando favelas y periferias en las ciudades brasileñas. En ausencia de medidas de reparación y emancipación, incluida la distribución de tierras, la abolición de la esclavitud, finalmente firmada por la Princesa Isabel en 1888, se considera incompleta por estudiosos y líderes de los movimientos negros brasileños.
Un año después de la proclamación de la República, en 1890, el artículo 159 del Código Penal amplió la criminalización del cannabis al prohibir el comercio de «sustancias venenosas». La marihuana se convirtió en objeto de persecución por parte del mismo departamento de policía encargado en ese momento de reprimir la umbanda, el candomblé y el espiritismo, culturas fuertemente relacionadas con las poblaciones indígenas y negras.
«En ese contexto, las prácticas y costumbres negras, tan presentes en una sociedad recién salida de la esclavitud, representaban obstáculos para el lema de ‘orden y progreso’ deseado por la élite política e intelectual. Al igual que la umbanda y la capoeira, la marihuana estaba asociada a los africanos y sus descendientes, y su uso, además de obstaculizar la formación de una República moralmente ejemplar, podría difundirse entre las capas consideradas ‘sanas’, es decir, blancas, y arruinar por completo el proyecto de una nación civilizada», explica la investigadora Luiza Gonçalves Saad en la tesis «Fumo de Negro: A Criminalização da Maconha no Brasil», publicada en 2013 y convertida en libro.
Una de las principales fuentes de violencia social en Brasil son las condiciones del tráfico clandestino de marihuana, la droga ilícita más consumida y más asociada a la violencia policial y al racismo estructural
Cabe recordar que, en esa época, en gran parte del mundo occidental y en Brasil, la marihuana se utilizaba como medicamento y figuraba en las farmacopeas para una variedad de tratamientos clínicos. Sin embargo, a principios del siglo XX, médicos y legisladores que dominaban los debates sobre políticas relacionadas con la hierba destacaban su origen africano y su predominio de uso en el noreste de Brasil como argumentos para su prohibición total, consolidando un enfoque psiquiátrico eugenésico e higienista que se convirtió en la marca registrada de la criminalización de los usuarios de marihuana en el país.
«Los cánones de la medicina legal, una especialidad que unifica los conocimientos de las áreas médicas y legales, mostraban que una nación con tanta influencia negra estaba condenada al fracaso si no se tomaban las medidas adecuadas», señala la investigadora Luiza Saad. Un personaje destacado en la cruzada contra la marihuana, estudiado en profundidad por Luiza, fue el médico y político Rodrigues Dória, quien publicó el primer texto sobre marihuana en 1915 y «no dejaba lugar a dudas: la marihuana habría sido traída por los africanos, sabidamente inferiores, y convertida en un medio de venganza contra quienes los habían sacado de su tierra natal».
La influencia de este tipo de discurso racista culminó con la inclusión de la planta en la lista de sustancias prohibidas por la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) en 1932, nacionalizando la criminalización de la marihuana y aumentando el control social sobre las personas pobres y negras, muchas de las cuales vivían en favelas y barriadas. En este aspecto, Brasil fue pionero: prohibió la marihuana cinco años antes que Estados Unidos, uno de los países fundadores del prohibicionismo moderno.
Mientras tanto, en la primera mitad del siglo pasado, las políticas urbanas del gobierno se basaban en la represión, las prácticas de saneamiento y la eliminación de viviendas consideradas irregulares. Durante la dictadura (1964-1985), prevaleció la visión de erradicación de las favelas, que también los militares consideraban focos de subversión. Incluso con la Ley de Reforma Agraria y la adopción de programas de alojamiento y vivienda popular después de la Constitución de 1988, en mayor o menor medida, la omisión del Estado en la distribución de la propiedad de la tierra y la garantía de derechos fundamentales persiste hasta hoy. Basta con observar las cifras de conflictos en el campo, la violencia policial, la falta de saneamiento y la extrema vulnerabilidad de las favelas y periferias ante eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones.
La aprobación de la Convención Única de Estupefacientes en 1961 y de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas en 1972 por parte de las Naciones Unidas globalizó las premisas de la prohibición y aumentó la represión del uso y el tráfico de drogas en países como Brasil. Como yo misma he escrito, «el vacío de control creado por el prohibicionismo fue ocupado por organizaciones paralelas y grupos armados que operan de manera clandestina, pero con la complicidad corrupta del Estado y el sistema financiero. La prohibición y las políticas de guerra alimentan un ciclo de homicidios, violencia policial, mal uso de los recursos públicos, encarcelamientos masivos y violaciones de los derechos humanos».
Con el prohibicionismo potenciado por el legado colonial y en ausencia de políticas sistemáticas de reparación, la violencia armada estalló en Brasil. Entre 1980 y 2020, la tasa de homicidios casi se duplicó, pasando de 11,69 a 21,65 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo. En los últimos 40 años, la narrativa de la lucha contra el narcotráfico ha dirigido la mayoría de las inversiones en seguridad pública y control de fronteras en el país. Como resultado, las estadísticas de la guerra contra las drogas muestran la cara más letal y flagrante del racismo estructural.
Con tasas de homicidio que oscilan entre 45 mil y 50 mil muertes violentas al año, los índices de asesinatos de personas negras vienen aumentando en Brasil, mientras que para la población blanca se han mantenido estables. En 2017, una persona negra tenía 2,7 veces más probabilidades de ser víctima de homicidio que una persona blanca. Al menos cinco personas negras fueron asesinadas cada día en operativos policiales en siete estados monitoreados por la Red de Observatorios de Seguridad Pública; de un total de 3.290 víctimas identificadas en 2021, el 65% eran negras. En el país, hay más de 820 mil personas encarceladas; de ellas, el 68% son personas negras y alrededor del 30% están en prisión por delitos relacionados con drogas.
El creciente número de arrestos e incautaciones de drogas, generalmente realizado por las autoridades, solo confirma que el prohibicionismo brasileño sigue fracasando en su objetivo central de reducir este mercado ilícito, aunque es muy eficaz en el control social racista y en la gestión penal de la pobreza.
«En la actualidad, una de las principales fuentes de violencia social en Brasil son las condiciones del tráfico clandestino de marihuana, la droga ilícita más consumida y más asociada a la violencia policial y al racismo estructural. El debate sobre la legalización de las drogas en general, y de la marihuana en particular, es una demanda democrática y antirracista fundamental para la sociedad brasileña», concluye el profesor Henrique Carneiro.
Maconha no Brasil: terra, racismo e violência
Um breve histórico da proibição da maconha no Brasil.
Por Rebeca Lerer
Para compreender as origens econômicas, sociais e raciais das atuais políticas de drogas brasileiras é preciso analisar as condições históricas do uso e controle da maconha no país. Um olhar mais atento à cronologia da proibição da planta revela conexões com políticas e leis de saúde pública e de uso e posse da terra que ajudam a explicar o cenário de profunda desigualdade social, racismo estrutural e violência que se perpetua no Brasil em pleno século XXI.
Não por acaso, essa parte da história não consta de livros didáticos e currículos escolares. Pesquisadores apontam a falta de registros e documentos, indicando que a proibição da maconha adotada há quase 100 anos também apagou o conhecimento sobre o papel sócio-econômico da planta no desenrolar evolutivo das várias sociedades humanas, inclusive a brasileira.
Como imaginar um futuro próximo que inclua o fim da guerra às drogas no Brasil sem conhecer esse passado não tão distante?
No artigo «Proibição da Maconha: racismo e violência no Brasil», o historiador Henrique Carneiro informa que a cannabis foi trazida da África no período colonial e denominada no país de várias formas, todas de raiz africana: Diamba, Liamba, Pango e Maconha, termo mais popular que vem do idioma quimbundo, de Angola.
Além do cultivo nas entressafras de café e cana de açúcar e consumo tradicional por africanos escravizados, que transportaram as sementes costuradas em roupas e bonecas de pano, a planta era utilizada pela indústria de cordame. As velas e cordas das caravelas das grandes navegações promovidas pelos invasores europeus eram confeccionadas com fibra de cânhamo.
A criminalização da cannabis começa a aparecer no pós-Independência (1822), em paralelo ao crescimento do debate sobre a abolição da escravidão e consequentes mudanças na propriedade das terras no país. A primeira regra proibindo o uso da maconha por afro brasileiros de que se tem notícia data de 1830. Editada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, penalizava a venda e uso da planta, chamada de «pito do pango». Vendedores eram multados e escravos eram encarcerados por três dias, vinculando a repressão ao controle da população negra desde os primórdios da proibição.
Em 1850, D. Pedro II instituiu a Lei de Terras (Lei 601), priorizando latifundiários, transformando terra em mercadoria, proibindo o acesso via ocupação e cessão pública e regulamentando a atividade imobiliária. Vários autores apontam a interligação entre este acontecimento e a Lei Eusébio Queiroz, que fora assinada duas semanas antes e ficou conhecida como a primeira lei abolicionista ao proibir a entrada de mais africanos escravizados no país. Quase ninguém, porém, relaciona ambas as medidas à progressiva criminalização da maconha nas décadas seguintes.
Face ao crescimento do número de escravos libertos, em tese, a lei de terras garantiria mão de obra barata e segurança aos latifundiários agrícolas contra invasões de negros e indígenas. Na prática, com o tempo, os trabalhadores livres, impedidos de ter propriedades, passaram a ocupar morros e várzeas e a formar cortiços, marcando o início de muitas favelas e periferias das cidades brasileiras. Na ausência de ações de reparação e emancipação – inclusive via distribuição de terras – a abolição da escravidão, finalmente assinada pela Princesa Isabel em 1888, é considerada inconclusa por estudiosos e lideranças dos movimentos negros brasileiros.
Um ano após a proclamação da República, em 1890 o artigo 159 do Código Penal ampliava a criminalização da cannabis ao proibir o comércio de «substâncias venenosas». A maconha tornou-se alvo de perseguição pelo mesmo departamento policial então encarregado de reprimir a umbanda, o candomblé e o espiritismo, culturas fortemente associadas às populações indígenas e negras.
«Nesse contexto, as práticas e costumes negros, tão presentes em uma sociedade recém- saída da escravidão, representavam empecilhos para o lema “ordem e progresso” pretendido pela elite política e intelectual. Assim como o candomblé e a capoeira, a maconha estava associada aos africanos e seus descendentes e seu uso, além de prejudicar a formação de uma República moralmente exemplar, poderia se disseminar entre as camadas ditas saudáveis – leia-se brancas – e arruinar de vez o projeto de uma nação civilizada», explica a pesquisadora Luiza Gonçalves Saad na dissertação Fumo de Negro: A Criminalização da Maconha no Brasil, publicada em 2013 e transformada em livro.
Vale lembrar que naquela época, em boa parte do mundo ocidental e no Brasil, a maconha era usada como medicamento e listada em farmacopéias para uma variedade de tratamentos clínicos. Na virada para o século XX, porém, médicos e parlamentares que dominaram os debates de políticas para a erva destacavam sua origem africana e prevalência de uso no nordeste brasileiro como argumentos para sua total proibição, consolidando uma abordagem psiquiátrica eugenista e higienista que se tornou a marca registrada na criminalização de usuários de maconha no país.
«Os cânones da medicina legal, especialidade que unifica o conhecimento das áreas médicas e jurídicas, mostravam que uma nação com tanta influência negra estaria fadada ao fracasso caso não fossem tomadas as devidas providências», registra a pesquisadora Luiza Saad. Personagem de destaque na cruzada anti-maconha estudado a fundo por Luiza, o médico e político Rodrigues Dória publicou o primeiro texto sobre maconha em 1915 e «não deixava dúvidas: a maconha teria sido trazida pelos escravos africanos – sabidamente inferiores – e transformada em meio de vingança contra quem os tinha tirado da terra natal».
A influência desse tipo de discurso racista culminou com a inclusão da planta na lista de substâncias proscritas pela ANVISA em 1932, nacionalizando a criminalização da maconha e aumentando o controle social sobre pessoas pobres e negras, muitas residentes em favelas e cortiços. Nesse quesito, o Brasil foi pioneiro: proibiu a maconha cinco anos antes dos EUA, um dos países fundadores do proibicionismo moderno.
Enquanto isso, na primeira metade do século passado, as políticas urbanas dos governos eram pautadas na repressão, práticas sanitaristas e remoção de moradias consideradas irregulares. Durante a ditadura (1964-1985), prevaleceu a visão de erradicação das favelas, também consideradas focos de subversivos pelos militares. Mesmo com a Lei da Reforma Agrária e a adoção de programas de habitação e moradia popular após a Constituição de 1988, em maior ou menor grau, a omissão do Estado na distribuição da posse da terra e garantia direitos essenciais perdura até hoje. Basta verificar os índices de conflitos no campo e de encarceramento, violência policial, falta de saneamento e a extrema vulnerabilidade de favelas e periferias a eventos climáticos extremos como secas e enchentes.
As aprovações da Convenção Única de Narcóticos, em 1961, e da Convenção sobre Drogas Psicotrópicas, em 1972, pela Organização das Nações Unidas (ONU) globalizaram as premissas da proibição e acirraram a repressão ao uso e varejo de drogas em países como o Brasil. Como eu mesma já escrevi, «o vácuo de controle criado pelo proibicionismo foi ocupado por organizações paralelas e grupos armados que operam à mercê, porém com a cumplicidade corrupta do Estado e do sistema financeiro. A proibição e políticas de guerra associadas alimentam um ciclo de homicídios, violência policial, mau uso dos recursos públicos, encarceramentos em massa e violações de direitos humanos».
Com o proibicionismo potencializado pelo legado colonial e, na ausência de políticas sistêmicas de reparação, a violência armada explodiu no Brasil. Entre 1980 e 2020, a taxa de homicídios praticamente dobrou, de 11,69 para 21,65 por 100 mil habitantes, uma das mais altas do mundo. Nesses últimos 40 anos, a narrativa de combate ao narcotráfico tem direcionado a maioria dos investimentos em segurança pública e controle de fronteiras do país. Como resultado, as estatísticas da guerra às drogas desenham a face mais letal e ostensiva do racismo estrutural.
Variando entre 45 mil e 50 mil mortes violentas por ano, os índices de homicídios de pessoas negras vem aumentando no Brasil, enquanto para a população branca permanecem estáveis. Em 2017, uma pessoa negra tinha 2,7 vezes mais chance de ser vítima de assassinato do que um branco. Pelo menos cinco pessoas negras foram mortas por dia em ações policiais em sete estados monitorados pela Rede de Observatórios em Segurança Pública; do total de 3.290 vítimas mapeadas em 2021, 65% eram negras. Existem mais de 820 mil encarcerados no país; destes, 68% são pessoas negras e cerca de 30% estão presos por crimes de drogas.
O volume crescente de prisões e apreensões de drogas, geralmente celebrado por autoridades, só comprova que o proibicionismo brasileiro segue fracassando em seu objetivo central de reduzir esse mercado ilícito – embora seja muito eficiente no controle social racista e na gestão penal da miséria.
«Atualmente, uma das principais fontes de violência social no Brasil são as condições do tráfico clandestino de maconha, a droga ilícita mais consumida e mais associada à violência policial e ao racismo estrutural. O debate sobre a legalização das drogas em geral, e da maconha em particular, é uma demanda democrática e anti-racista central para a sociedade brasileira», conclui o professor Henrique Carneiro.
