“Si se negocia el derecho a la madre tierra, se negocia la vida”
Para los pueblos indígenas de Brasil, la tesis jurídica del ‘marco temporal’ niega la historia de despojo y violencia contra ellos, y determina que sólo tienen derecho a sus tierras ancestrales si las estuvieron ocupando en la fecha de promulgación de la Constitución de 1988. Mientras la Corte Suprema tarda años en tomar una decisión que podría declarar la tesis inconstitucional, diputados derechistas de la bancada ruralista presionan para convertirla en ley. Una amenaza no solo a la vida de los pueblos, sino a los ecosistemas: en los últimos 30 años, 68% de las pérdidas de vegetación nativa en el país se concentraron en áreas privadas, contra solo 1,6% en los territorios demarcados, sobre todo causadas por invasiones. Para impedir lo que llaman “genocidio legislativo”, indígenas de todo Brasil organizan protestas y paralizaciones.
Por Miguel Vilela / Fotografías de Richard Wera Mirim
En abril de 1904, diez «bugreiros» asesinos de indígenas se internaron en un bosque, cerca a la ciudad de Blumenau, al sur de Brasil, con una misión. En pocos días, encontraron un campamento donde vivían unos 230 indígenas, la mayoría mujeres y niños. Sigilosos, planearon el ataque para la mañana siguiente.
«El pánico y la consternación causados por el asalto fueron tan grandes que los bugres [término racista para referirse a los indígenas] ni siquiera pensaron en defenderse, lo único que hicieron fue proteger con sus propios cuerpos la vida de las mujeres y los niños», informó en ese momento el periódico Novidades de la ciudad de Itajaí. «Los enemigos no perdonaron ninguna vida; después de iniciar su obra con balas, la terminaron con cuchillos. No se conmovieron ante los gemidos y los gritos de los niños que estaban aferrados a los cuerpos caídos de sus madres. Todo fue masacrado. Algunos bugres que llegaron después, buscando vengar a los suyos pero sin armas, también fueron masacrados y quedaron allí tendidos».
Los bugreiros eran tropas de entre ocho y 15 hombres contratados por colonos, administradores de colonias o el propio gobierno para ahuyentar a los nativos y garantizar la seguridad de los inmigrantes europeos. El antropólogo Silvio Coelho dos Santos, en su libro Índios e brancos no Sul do Brasil – a dramática experiência dos Xokleng, registra no solo noticias como esta: también comunicaciones entre autoridades sobre la necesidad de contratar a los asesinos.
La masacre oficializada por los gobernantes y perpetrada por los bugreiros adquirió otras dimensiones a partir de 1914, cuando el recién creado Servicio de Protección al Indio intentó pacificar la región demarcando tierras indígenas, en un proceso forzado de asentamiento de pueblos históricamente nómadas. En principio, fueron prometidos 40 mil hectáreas, tamaño ínfimo en comparación con las vastas tierras ocupadas por los pueblos Xokleng, Guarani y Kaigang. A lo largo del siglo XX, con los nativos debilitados por epidemias que casi los exterminaron, la llamada Tierra Indígena Ibirama fue usurpada y reducida repetidamente, hasta quedar menos de 14 mil hectáreas en la década de 1980. Recién en la década de 1990, el pueblo Xokleng comenzó a recuperar parte del territorio perdido.
Es justo la disputa por estas tierras lo que hoy está en el centro de una discusión sobre la constitucionalidad o no de una tesis jurídica que amenaza la vida de cientos de pueblos indígenas: el marco temporal. La tesis ignora todo este pasado de invasiones, expulsiones y masacres a las cuales los indígenas fueron sometidos desde la llegada de los europeos y estipula que un territorio solo puede ser demarcado si los indígenas ya lo habitaban al momento de la promulgación de la Constitución Federal de 1988.
Indígenas Guarani bloquean la autopista Bandeirantes, importante acceso a la ciudad de São Paulo.
Hortêncio Karai Tataendy, anciano del pueblo Guarani.
Thiago Henrique Karai Jekupe, liderazgo del pueblo Guarani, negocia com la policía.
«Es un genocidio legislado. El proyecto de ley 490/07 es un peligro para la humanidad al permitir el ingreso a territorios indígenas», dijo la diputada federal indígena Célia Xakriabá en un discurso en la Cámara. «Si se negocia el derecho a la madre tierra, se negocia la vida en el planeta, se negocia sus madres».
Nueva arena de luchas
La historia de los Xokleng en el sur de Brasil, la masacre perpetrada por colonos y autoridades y la continua invasión y robo de sus tierras, es común a muchos otros pueblos originarios en el país. El Tribunal Supremo Federal entendió esto y en 2019 consideró de repercusión general el juicio de una solicitud del gobierno de Santa Catarina, basada en la tesis del marco temporal, para el desalojo de un área ocupada por los Xokleng. Desde entonces, el país espera la decisión del Tribunal Supremo Federal sobre la validez de esta tesis, que deberá ser seguida por todos los tribunales brasileños. A inicios de junio, cuando el juicio volvió al Tribunal y parecía avanzar, el ministro André Mendonça pidió más tiempo para revisar el proceso. La decisión se retrasará, al menos, unos meses más.
La tesis fue planteada por primera vez en 2009 por un juez del Tribunal Supremo Federal y luego comenzó a utilizarse para impedir o anular la demarcación de tierras indígenas en los tribunales. El gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, respaldado por una decisión de 2017 de un ministro del entonces presidente Michel Temer, también de derecha, utilizó la tesis como argumento para revertir todos los procesos de demarcación en curso. Si se confirma, el marco temporal impedirá la demarcación de nuevas tierras y aumentará los riesgos a los que están sujetos los indígenas en las tierras ya demarcadas.
La semana pasada, la conservadora Cámara de Diputados también se sumó a esta tendencia: aprobó con carácter de urgencia, con 283 votos a favor y 155 en contra, el proyecto de ley 490/07, que tipifica la tesis del marco temporal. El proyecto, que aún debe ser votado por el Senado y sancionado por el presidente Lula, es considerado inconstitucional por el Ministerio Público Federal y puede ser impugnado judicialmente en caso de avanzar, pero muestra la magnitud de los ataques que sufren los pueblos indígenas. El movimiento en el Congreso es liderado por la poderosa Bancada Ruralista, un grupo de legisladores que defiende los intereses de los propietarios rurales y que está compuesto por 300 de los 513 diputados y 47 de los 81 senadores.
«Es un genocidio legislado. El proyecto de ley 490/07 es un peligro para la humanidad al permitir el ingreso a territorios indígenas», dijo la diputada federal indígena Célia Xakriabá en un discurso en la Cámara. «»Si se negocia el derecho a la madre tierra, se negocia la vida en el planeta, se negocia sus madres»».
Pero si por un lado las autoridades de los tres poderes avanzan contra los derechos de los pueblos originarios, por otro lado, los indígenas están más movilizados que nunca.
Empoderados por ocupar por primera vez tanto la Explanada de los Ministerios, a través de la ministra Sonia Guajajara del Ministerio de los Pueblos Indígenas, como la presidencia de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, a través de Joenia Wapichana, los pueblos de todo Brasil han intensificado las protestas después de la aprobación del proyecto de ley 490/07 y la programación del juicio del marco temporal en el Tribunal Supremo Federal el miércoles pasado. Pocos meses después del 19º Acampamento Terra Livre, miles de indígenas regresaron a Brasilia para manifestarse.
Resistencia en las calles y las redes
A principios de junio, las protestas contra el marco temporal cerraron carreteras en al menos 10 estados. En la ciudad de São Paulo, en la madrugada del 30 de mayo, fecha marcada para la votación en el pleno del proyecto de ley 490/07, los indígenas Guarani bloquearon la autopista de los Bandeirantes, una de las principales vías de acceso. El fotógrafo Richard Wera Mirim, indígena de la etnia Guarani -cuyas imágenes del día ilustran este reportaje-, siguió los acontecimientos y describió la brutalidad con la que él y sus parientes fueron tratados.
«La manifestación comenzó muy bien, con las rezos y el bloqueo de la autopista. Pero en una hora llegó la policía», dijo Wera Mirim en una entrevista en video. Cuenta que hubo una negociación para despejar la pista y la policía accedió a separar algunos carriles para que el grupo caminara hasta la avenida que bordea el río Tietê, una de los más importantes de la ciudad, a unos seis kilómetros. «La idea era llegar allí y hacer una oración, hablar con el río, porque para nosotros, Tietê significa la madre verdadera», explicó. «Comenzamos a caminar un poco cuando llegó la tropa de choque por detrás. Tiraron bombas, balas de goma, esos chorros de agua. Liberamos la autopista y nos quedamos en la calle de abajo, una calle que la gente Guarani usa para ir al mercado y a la estación de tren. Y ellos comenzaron a lanzar bombas desde el puente hacia la calle, sobre mujeres, niños, personas que estaban recuperándose del gas [lacrimógeno]».
Según Wera Mirim, la policía ingresó ilegalmente, sobrevoló en helicóptero a baja altitud y ocupó durante cuatro días dos salidas de la Tierra Indígena Jaraguá, en el norte de la ciudad de São Paulo, donde él vive, como forma de intimidación. Prohibidos por una orden judicial estatal de regresar a la autopista para terminar la oración hasta el Tietê, el grupo decidió manifestarse subiendo a pie hasta el Pico do Jaraguá, un parque y el punto más alto de la ciudad de São Paulo.
Wera Mirim forma parte de una generación de jóvenes comunicadores indígenas que han utilizado las redes sociales y otras herramientas tecnológicas para plantear sus demandas. Sobre aquellos que dicen que un indígena que tiene un «iPhone, internet y televisión» ya no es indígena, tiene una respuesta contundente: «Los blancos no se bañaban en 1500. Vieron que bañarse era bueno gracias a los indígenas, y ahora se bañan. Ni por eso nosotros decimos que ya no sean blancos».
Cuenta que comenzó a trabajar en el audiovisual durante la pandemia, aunque se interesó por las cámaras mucho antes, ya que desde niño le interesaba la tecnología. Ahora, con los medios sociales, trabaja para formar una red de comunicadores del pueblo Guaraní, una etnia que está dispersa en seis estados brasileños. La idea es difundir rápidamente las denuncias de injusticias cometidas en cada aldea.
«Si dependemos de los medios de comunicación [tradicionales], nuestras denuncias no llegan a donde queremos que lleguen», dice Wera Miriam, que seguirá usando su cámara y sus redes sociales para registrar el atropello de las leyes contra su territorio. «Esta comunicación es muy importante en este tema, para difundir algo y conseguir socios y aliados en esta lucha».
