Con la mirada puesta en un mercado potencialmente multimillonario y enfrentándose al juego de tira y afloja entre el Supremo Tribunal Federal y el Congreso Nacional, las corporaciones han recurrido al marketing, el lobby y las lagunas legales para avanzar en el comercio minorista nacional del cannabis. Mientras que los medicamentos importados ya se venden en farmacias con receta, en el mismo país una persona negra es asesinada por la policía cada cuatro horas, generalmente en nombre de la guerra contra las drogas.

«En la zona porosa entre la prohibición y la legalización, se encuentran usuarios, asociaciones de pacientes, cultivadores y traficantes», explica Ricardo Nemer, abogado y miembro de la Red Reforma e investigador del Núcleo de Psicoactivos y Cultura de la Universidad Federal Fluminense (RJ). «Existen agentes de la industria y del mercado que quieren lucrarse en esta zona porosa sin poner fin primero a la guerra. No es posible».

El prohibicionismo está tan arraigado en la sociedad brasileña que abarca dinámicas financieras y grupos de interés que van mucho más allá de las drogas en sí. «¿Quién se beneficia de la prohibición?», pregunta Nemer, respondiendo de inmediato: «Además del tráfico, quienes se benefician son las industrias de armas, encarcelamiento, hospitalización psiquiátrica y religiosa. Y, ¿qué hace que funcione el tráfico? Una red de protección que involucra el control de territorios, influencia política dentro y fuera de los gobiernos y la división del poder económico», añade, con la rapidez mental que le caracteriza. «Esta red de protección que sostiene el tráfico comienza en los oficiales, no en los soldados, pero quienes mueren son los soldados. Necesitamos negociar un alto el fuego y detener todas las muertes: de inocentes, traficantes y también policías. En muchos lugares, el crimen tiene más fusiles y controla más áreas que el propio Estado. Para que funcione, el alto el fuego debe involucrar a todos», resume.

Sin un pacto de paz que ponga fin a la guerra, ningún modelo regulatorio podrá mitigar el pasivo de violencia y corrupción asociado a casi un siglo de prohibición. Al considerar esta complejidad, la legalización responsable de la cadena productiva de la marihuana, la sustancia ilícita más consumida en el país, es la clave que puede abrir una salida al prohibicionismo brasileño.

El comercio clandestino de la marihuana sostiene la base de consumo del tráfico e infla las estadísticas del encarcelamiento masivo, ya que más del 30% de las detenciones por drogas en el país son por posesión de la planta. Más allá del comercio minorista, los crímenes socioambientales y los conflictos territoriales se superponen en las regiones productoras y los índices de asesinatos alcanzan récords en las disputas por las rutas del tráfico. También, al tratarse de una mercancía agrícola, la legalización de la marihuana tendrá impactos en el uso de la tierra y en la economía tanto de Brasil como de Paraguay, país vecino que atiende alrededor del 80% del mercado brasileño, según datos de la ONU.

Paraguay es el mayor productor sudamericano de marihuana, exportando a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, generalmente vinculado al tráfico de cocaína proveniente de Perú y Bolivia. La cadena productiva de la marihuana paraguaya comienza en fincas en el norte del país, establecidas en la década de 1970, donde viven y trabajan más de 20 mil campesinos. Se estima que existen entre seis y siete mil hectáreas produciendo tres cosechas anuales de marihuana. Un kilo de marihuana prensada se vende en la finca paraguaya por alrededor de 6 dólares; al llegar a territorio brasileño, el precio del kilo supera los 300 dólares. Asociadas al agro-negocio ilegal de la marihuana y al tráfico de cocaína, las tasas de homicidios en la frontera Brasil-Paraguay son extremadamente altas, relacionadas con disputas armadas por tierras cultivables y la logística para acceder al mercado brasileño.

Aunque, actualmente, la mayor parte de la marihuana consumida en el país es importada, el clima brasileño es propicio para el cultivo de cannabis, especialmente en las regiones Nordeste y Centro-Sur. Por este y otros factores históricos, partes del Noreste brasileño tradicionalmente concentran plantíos que abastecen a mercados regionales y nacionales, en medio de constantes conflictos por tierras. En los últimos 20 años, sin embargo, el avance de monocultivos como la soja y otros emprendimientos, sumado al aumento de la represión policial y cambios en los arreglos de las organizaciones criminales, han reducido y reubicado los cultivos, incluso hacia nuevas áreas forestales. Como resultado, en el comercio minorista de las capitales al noreste, en lugar de encontrar flores sueltas plantadas en el sertón y el cerrado, hoy es común encontrar la misma marihuana paraguaya prensada que se vende en el sur y sureste del país, así como la creciente oferta de cannabis de origen colombiano.

Con territorios, rutas y puntos de venta en intensa disputa entre diversas redes criminales y respuestas ostensivas de las fuerzas de seguridad, se está produciendo una explosión de violencia armada asociada a la «guerra contra el tráfico» en la región. La policía de Bahía, por ejemplo, se ha convertido en la más letal del país, con 1,464 muertes resultantes de intervenciones policiales en 2022. En Ceará, disputas entre facciones provocan tiroteos y quema de vehículos en vías públicas. En 2023, el estado de Pernambuco experimentó un aumento en las tasas de homicidios y tiene cinco de las 50 ciudades más violentas del país. En Maranhão, los índices de violencia relacionados con la guerra contra las drogas se mezclan con intensos conflictos y muertes en el campo, afectando incluso a los pueblos indígenas.

Si bien las cifras de violencia son impactantes y confirman la naturaleza represiva y corrupta de la prohibición, los escenarios económicos proyectados para un futuro mercado legalizado de marihuana en Brasil también son impresionantes.

Según Kaya Mind, una empresa especializada en el sector, se estima que el mercado brasileño de cannabis, incluso restringido al uso medicinal, podría alcanzar los R$ 655 millones en 2023 y R$ 917 millones en 2024, con más de 180 mil personas autorizadas para recibir tratamiento con marihuana y cerca de 1,900 productos disponibles para la venta en el país; sin contar las asociaciones de pacientes que producen sus propios medicamentos. Si la marihuana fuera legalizada completamente para uso medicinal, adulto e industrial en territorio brasileño, Kaya Mind proyecta que el valor de mercado podría alcanzar los R$ 26 mil millones en el cuarto año después de la regulación, con una recaudación anual de impuestos de aproximadamente R$ 8 mil millones.

Con titulares de medios especializados nombrando a la marihuana la «nueva soja brasileña», los últimos años han estado marcados por el lanzamiento de carteras de inversión, campañas publicitarias, tutorías, asesorías legales y aceleradoras de negocios en una normalización del emprendimiento canábico. El sector es diverso e incluye tanto a corporaciones farmacéuticas y agrícolas como a inversionistas millonarios, artesanos, microempresarios y usuarios que se han convertido en emprendedores por amor a la planta. Aunque de orígenes distintos, todos operan en las lagunas legales de la zona porosa entre la prohibición y la legalización para satisfacer una demanda de consumo ya formalizada y en expansión, mientras la guerra continúa en las favelas y periferias.

Desde cosméticos hasta ropa y tejidos, desde insumos para el cultivo hasta accesorios para fumar o vaporizar, desde semillas hasta fertilizantes, desde flores hasta aceites, desde medicamentos hasta lubricantes, la industria nacional de la marihuana tuvo una vitrina sin precedentes en ExpoCannabis Brasil 2023. Realizado en septiembre por primera vez en el país, después de diez ediciones en Uruguay, el evento reunió a 130 expositores, 120 ponentes, varias atracciones musicales y más de 21 mil visitantes a lo largo de tres días de celebración de la cultura cannábica y rondas de negocios de este mercado emergente. En su manifiesto, ExpoCannabis instó «a las autoridades, legisladores y a la sociedad a unirse a nosotros en este viaje y cosechar los frutos de una regulación responsable. El futuro del cannabis es prometedor, y juntos, podemos dar forma a un futuro más verde y próspero para todos».

ExpoCannabis y otras iniciativas similares muestran que el fin de la guerra, con cambios profundos en la política de drogas a partir de la legalización completa de la planta, permitirá la creación de esta nueva industria brasileña que ya germina en las fisuras del prohibicionismo. Un sector que se organice a partir de un pacto de paz y que comience alineado con las buenas prácticas de distribución y uso sostenible de la tierra, generación de empleo e ingresos, inclusión, destinando sus ingresos tributarios a medidas restaurativas, reparación individual y colectiva, e inversiones en salud y educación, además de garantizar el acceso universal al medicamento.

Como dijo el abogado Ricardo Nemer, vamos a necesitar de todos. «La prohibición es una máquina de muerte que mueve dinero, influencia y afectos. Es necesario reemplazar esta estructura por una máquina de vida, que ofrezca cuidado, inclusión y promueva la justicia social; que cambie las armas del tráfico y la milicia por puntos de venta legalizados; que sustituya sobornos por impuestos; y que gradualmente distribuya tierras y desarrolle nuevos proveedores y emprendedores en este ecosistema legalizado», reflexiona Nemer, señalando el camino para el día en que termine la guerra.

Após quase 100 anos de proibição visando eliminar a planta do convívio social, a maconha está mais viva – e sob disputa – do que nunca no Brasil. 

Mesmo com o acirramento da guerra nas favelas e periferias e o retrocesso autoritário que travou avanços legislativos, paradoxalmente, a mudança de percepção pública, os exemplos internacionais e a crescente pressão pelo acesso ao uso medicinal têm catalisado debates sobre a regulação da maconha no país. 

À medida que a legalização da planta desponta atrasada e lentamente no horizonte político brasileiro, o verdadeiro desafio é desenvolver um modelo regulatório compatível com práticas agrícolas e de uso da terra sustentáveis, em torno de políticas de reforma agrária, reparação racial, justiça restaurativa e garantias de acesso universal ao medicamento. Mas estamos no país da contradição, cujo sistema econômico carrega as tintas do colonialismo, da desigualdade e do racismo estrutural. 

De olho em um mercado potencialmente bilionário e diante do jogo de empurra entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, corporações vêm recorrendo a marketing, lobby e brechas judiciárias para avançar sobre o varejo nacional da cannabis. Enquanto medicamentos importados já são vendidos em farmácias com receita, no mesmo país, uma pessoa negra é morta pela polícia a cada quatro horas, geralmente em nome da guerra às drogas. 

«Na zona porosa entre a proibição e a legalização, estão usuários, associações de pacientes, cultivadores e traficantes», explica Ricardo Nemer, advogado membro da Rede Reforma e pesquisador do Núcleo de Psicoativos e Cultura da Universidade Federal Fluminense (RJ). «Existem agentes da indústria e do mercado que querem lucrar nessa zona porosa sem antes acabar com a guerra. Não é possível».

O proibicionismo é tão estruturante na sociedade brasileira que engloba dinâmicas financeiras e grupos de interesse que vão muito além das drogas em si. «Quem lucra com a proibição?», questiona Nemer, respondendo em seguida: «Além do tráfico, quem ganha são as indústrias de armas, do encarceramento e da internação psiquiátrica e religiosa. E o que faz o tráfico funcionar? Uma rede de proteção que envolve controle de territórios, influência política dentro e fora de governos e divisão de poder econômico», emenda, na velocidade mental que lhe é característica. «Essa rede de proteção que sustenta o tráfico começa no oficialato, não no soldado – mas quem morre é o soldado. Precisamos negociar uma trégua e parar todas as mortes: de inocentes, traficantes e também policiais. Em vários lugares, o crime tem mais fuzis e controla mais áreas do que o próprio Estado. Para funcionar, a trégua tem que envolver todo mundo», resume.  

Sem incluir um pacto de paz que leve ao fim da guerra, nenhum modelo regulatório dará conta de mitigar o passivo de violência e corrupção associado a quase um século de proibição. Ao considerar essa complexidade, a legalização responsável da cadeia produtiva da maconha – substância ilícita mais consumida no país – é a chave que pode abrir uma porta de saída do proibicionismo brasileiro.  

O comércio clandestino de maconha sustenta tanto a base de consumo do tráfico quanto engrossa as estatísticas do encarceramento em massa, já que mais de 30% das prisões por drogas no país são pelo porte da planta. Para além do varejo, crimes socioambientais e conflitos territoriais se sobrepõem nas regiões produtoras e índices de assassinatos batem recordes nas disputas pelas rotas de tráfico. Por se tratar de uma commodity agrícola, a legalização da maconha terá impactos no uso da terra e na economia tanto do Brasil quanto do Paraguai, país vizinho que atende cerca de 80% do mercado brasileiro, de acordo com dados da ONU.

O Paraguai é o maior produtor sulamericano de maconha, exportando para o Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, em geral de forma casada com o tráfico de cocaína vinda do Peru e da Bolívia. A cadeia produtiva da maconha paraguaia começa em fazendas no norte do país, estabelecidas nos anos 1970, onde vivem e trabalham mais de 20 mil camponeses. Estima-se que existam de seis a sete mil hectares produzindo três safras anuais de maconha. 

Um quilo de maconha prensada é vendido na fazenda paraguaia por cerca de US$ 6; ao chegar em território brasileiro, o preço do quilo passa de US$ 300. Associadas ao agronegócio ilegal da maconha e ao tráfico de cocaína, as taxas de homicídios na fronteira Brasil-Paraguai são extremamente altas, ligadas a disputas armadas por terras cultiváveis e logística para acessar o mercado brasileiro. 

Embora atualmente a maior parte da maconha consumida no país seja importada, o clima brasileiro é propício ao cultivo da cannabis, em especial nas regiões Nordeste e Centro-sul. Por este e outros fatores históricos, partes do Nordeste brasileiro tradicionalmente concentram plantios que abastecem mercados regionais e nacionais, em meio a constantes conflitos por terras. Nos últimos 20 anos, porém, o avanço de monoculturas como a soja e outros empreendimentos, somado ao aumento da repressão policial e mudanças nos arranjos das organizações criminosas, reduziram e realocaram cultivos, inclusive para novas áreas de florestas. Como resultado, no varejo das capitais nordestinas, ao invés das flores soltas plantadas no sertão e no cerrado, hoje é comum encontrar a mesma maconha paraguaia prensada que é vendida no sul e sudeste do país, bem como a crescente oferta de cannabis de origem colombiana. 

Com territórios, rotas e pontos de venda sob intensa disputa de diferentes redes criminosas e respostas ostensivas das forças de segurança, está em curso uma explosão da violência armada associada à «guerra ao tráfico» na região. A polícia da Bahia, por exemplo, se tornou a mais letal do país, com 1.464 mortes decorrentes de intervenções policiais em 2022. No Ceará, disputas entre facções provocam tiroteios e queima de veículos em vias públicas. Em 2023, o estado de Pernambuco teve aumento nas taxas de homicídios e reúne cinco das 50 cidades mais violentas do país. No Maranhão, os índices de violência ligada à guerra às drogas se misturam com intensos conflitos e mortes no campo, atingindo inclusive povos indígenas. 

Se os números da violência chocam e atestam a natureza repressiva e corrupta da proibição, por outro lado, os cenários econômicos projetados para um futuro mercado legalizado de maconha no Brasil também impressionam. 

Segundo a Kaya Mind, empresa especializada no setor, estima-se que o mercado brasileiro de cannabis, mesmo restrito ao uso medicinal, pode chegar a valer R$ 655 milhões já em 2023 e R$ 917 milhões em 2024, correspondendo a um universo de mais de 180 mil pessoas autorizadas a fazer tratamento com maconha e cerca de 1.900 produtos já disponíveis para venda no país – sem contar associações de pacientes que produzem seus próprios medicamentos. Caso a maconha fosse legalizada integralmente para usos medicinal, adulto e industrial em território brasileiro, a Kaya Mind projeta que o valor de mercado poderia atingir R$ 26 bilhões no 4o ano após a regulamentação, com arrecadação anual de impostos de cerca de R$ 8 bilhões. 

Com manchetes de veículos especializados nomeando a maconha de «nova soja brasileira», os últimos anos foram marcados pelo lançamento de carteiras de investimentos, campanhas publicitárias, mentorias, assessorias jurídicas e aceleradoras de negócios em uma normalização do empreendedorismo canábico. O setor é diverso e inclui tanto corporações farmacêuticas e do agro e investidores milionários quanto artesãos, microempresários e usuários que se tornaram empreendedores por amor à planta. Embora de origens distintas, todos operam nas brechas jurídicas da zona porosa entre a proibição e a legalização para atender uma demanda de consumo já formalizado e em expansão – enquanto segue a guerra nas favelas e periferias. 

De cosméticos a roupas e tecidos, de insumos para cultivo a acessórios para fumar ou vaporizar, de sementes a fertilizantes, de flores a óleos, de medicamentos a lubrificantes, a indústria nacional da maconha ganhou uma vitrine inédita na ExpoCannabis Brasil 2023. Realizado em setembro pela primeira vez no país após dez edições no Uruguai, o evento reuniu 130 expositores, 120 palestrantes, várias atrações musicais e mais de 21 mil visitantes ao longo de três dias de celebração da cultura canábica e rodadas de negócios desse mercado emergente. Em seu manifesto, a ExpoCannabis apelou «às autoridades, legisladores e à sociedade para se unirem a nós nesta jornada e colherem os frutos de uma regulamentação responsável. O futuro da cannabis é promissor, e juntos, podemos moldar um futuro mais verde e próspero para todos».

A ExpoCannabis e outras iniciativas do tipo mostram que o fim da guerra, com mudanças profundas na política de drogas a partir da legalização integral da planta, permitirá a criação dessa nova indústria brasileira que já germina nas fissuras do proibicionismo. Um setor que se organize a partir de um pacto de paz e já comece alinhado às boas práticas de distribuição e uso sustentável da terra, geração de emprego e renda e inclusão, destinando sua arrecadação tributária a medidas restaurativas, de reparação individual e coletiva e investimentos em saúde e educação, além de garantir acesso universal ao medicamento.  

Como disse o advogado Ricardo Nemer, vamos precisar de todo mundo. «A proibição é uma máquina de morte que movimenta grana, influência e afetos. É preciso substituir essa estrutura por uma máquina de vida, que ofereça cuidado, inclusão e promova a justiça social; que troque armas do tráfico e da milícia por pontos de varejo legalizados; que substitua propinas por impostos; e que aos poucos distribua terras e desenvolva novos fornecedores e empreendedores nesse ecossistema legalizado», reflete Nemer, apontando caminhos para o dia em que a guerra terminar.